Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 28 de octubre de 2020.- “Nos preguntamos qué informó, si hoy Oaxaca vive un clima de inseguridad y la justicia se encuentra ausente”.
Así comienza el escrito en el que al menos diez organizaciones sociales cuestionaron el informe de actividades “a modo” que hiciera este martes el fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez al Congreso local.
De acuerdo con los firmantes, el incremento de la violencia en la entidad tiene como principal aliciente un sistema de justicia deficiente, que se preocupa más por la imagen al exterior y mantener actualizadas sus redes sociales para anunciar las supuestas acciones que realizan, aunque en la realidad no se hacen cargo de las diferentes problemáticas que enfrenta la entidad.
“No señor fiscal, los diputados pueden avalarle su informe, pero el pueblo de Oaxaca no; el pueblo está ofendido con su actuar. Usted y los diputados se curan en salud. Mientras que Oaxaca hoy vive una de sus peores crisis a falta de justicia”, refieren.
Para muestra, un sinfín de casos en los que, a pesar del paso del tiempo y las constantes exigencias, no hay respuesta por parte de las autoridades, como el conflicto en la zona triqui que revive debido a la falta de una política adecuada y ausencia de justicia.
Así como el de San Mateo del Mar, que pese a la masacre de la que fueron víctimas, los autores intelectuales y materiales no han sido aprendidos y mucho menos sancionados.
También recordaron la impunidad y la falta de acción por parte de la Fiscalía en torno a los asesinatos de los líderes sociales Heriberto Pazos, Arturo Pimentel, Catarino Torres y Tomás Martínez, los cuales son grandes pendientes de la Fiscalía para con la sociedad civil organizada.
De acuerdo con las organizaciones sociales, es evidente el doble discurso por parte de las autoridades, encabezadas por Rubén Vasconcelos, ya que por un lado, afirman que van a aplicar la justicia, pero por otro lado la dilatan, omiten o ignoran completamente.
Así mismo denunciaron que los presos políticos siguen siendo parte de la estrategia de represión y persecución de quienes encabezan la protesta, prueba de ello el encarcelamiento del dirigente social Fredy García de Codedi y Wiliam García de UACOL.
Aunado a todo ello, la entidad se mantiene en alerta roja por los feminicidios, que tan solo en esta semana sumaron tres víctimas más.
A lo cual se suma la falta de justicia y seguridad social que enfrentan las víctimas de la violencia de género y feminicida, como en el caso de la saxofonista María Elena Ríos quien fue agredida con ácido hace más de un año y aún uno de sus agresores sigue libre. También, el caso de María del Sol Cruz Jarquín que se mantiene en la impunidad desde hace más de dos años.
“Con lo que observamos una política de doble discurso, por un lado, afirman que van a aplicar la justicia, pero por otro lado la dilatan y los evidencian como cómplices”, expresaron.
Por lo anterior hicieron un llamado a los trabajadores del campo y la ciudad a mantenerse organizados ante la situación actual en donde las instituciones encargadas de velar por la justicia no realizan su trabajo y por el contrario forman parte de la violencia en la entidad.
El documento fue firmado por integrantes de la Sección XXII del SNTE-CNTE, la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), Movimiento Lubizha, la Asamblea de Pueblos Indígenas (API), Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el Bloque Comunitario del Sur, Movimiento de Acción Social (MAS), Consejo Nacional de Pueblos en Lucha (CNPL), y el Frente Popular Revolucionario (FPR).
