Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, 1 de noviembre de 2020.- Un interno del Centro Federal de Reinserción Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, fue golpeado por al menos cuatro elementos de seguridad y custodia.
Y no solamente eso, sino que tuvieron que pasar cuatro días que la víctima fuera atendida por un médico. Ante ello, familiares del preso interpusieron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El organismo inició indagatorias y determinó que sí fueron violados los derechos humanos y a la salud, entre otros, del individuo, hechos ocurridos el 30 de noviembre del año pasado y fue hasta el 4 de diciembre anterior que fue atendido y llevado a un hospital.
La CNDH emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el expediente 47/2020, para que se sancione a los probables responsables.
Según dicha recomendación, el interno «fue diagnosticado con hematoma renal izquierdo», por lo que fue objeto de intervención quirúrgica el 14 de diciembre. El diagnóstico final fue «contusión de la pared abdominal. Traumatismo de vasos sanguíneos renales. Hidronefrosis con estrechez ureteral». Todo por los golpes recibidos, que la CNDH calificó de tortura.
La recomendación fue enviada al comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, donde se acusa de violación de derechos humanos y tortura del preso por parte de cinco servidores públicos, según una información del diario “Milenio”.
En la revisión del expediente CNDH/3/2020/914/Q, el personal de la CNDH corroboró que «las lesiones que presentó el paciente fueron consecuencia del uso excesivo de la fuerza» por parte de ese personal.
Paralelamente se determinó que «el daño irreversible en el riñón del lado izquierdo fue secundario al traumatismo que sufrió» debido a los golpes recibidos.
La responsabilidad recayó en cuatro custodios y un funcionario porque «no existiera reporte y/o denuncia de algún incidente que refiera que la víctima fue agredida al interior del Cefereso, no exime de responsabilidad a las autoridades penitenciarias del mismo, en específico, a su entonces titular». El informe detalla que los hechos fueron ocultados por el personal penitenciario, «quienes impidieron que la persona privada de su libertad tuviera acceso al servicio médico». La CNDH pidió la reparación del daño a la víctima y abrir un expediente ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los cinco funcionarios que intervinieron en los hechos, detalla la publicación de “Milenio”
