Juan Carlos Zavala/Estado20
Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de noviembre de 2020.- CIBANCO, una institución financiera y bancaria vinculada a políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, controla y maneja la deuda pública del gobierno de Oaxaca a través de un fideicomiso creado el 5 de noviembre de 2018.
La deuda pública bajo el control de esta institución financiera asciende hasta por 12 mil 301 millones 640 mil 882.76 pesos, de acuerdo con el contrato de “Fideicomiso Público sin Estructura, Maestro, Irrevocable, de Administración y Fuente de Pago Número CIB/3135”, firmado por el entonces secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca, Jorge Gallardo Casas.
Entre las justificaciones para crear este mecanismo, fue la autorización de los diputados locales al gobernador Alejandro Murat Hinojosa a través de la emisión de tres decretos (723, 1500 y de Autorización), para instrumentar el refinanciamiento de la deuda pública de Oaxaca y para llevar a cabo la constitución del Fideicomiso Público de Contratación.
“Es interés del estado firmar el presente contrato en su carácter de Fideicomitente para efectos de llevar a cabo el Refinanciamiento de los Financiamientos a Refinanciar, por lo que se encuentra facultado para tomar aquellas decisiones y controlar el Fideicomiso de Pago en términos del presente contrato, resultando aplicables las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera relativas a contratación de financiamientos y refinanciamientos por parte de los entes públicos.
“El Estado tiene interés en refinanciar sus obligaciones de pago derivadas de los Financiamientos Existentes, a fin de obtener mejores condiciones crediticias, incluyendo mejores condiciones de plazo y/o tasa de interés (el ‘Refinanciamiento’)”, argumenta Gallardo Casas en el contrato.
Con la creación de este fideicomiso, el gobierno de Oaxaca se compromete a afectar y aportar al Fideicomiso de Pago, de manera irrevocable, las Participaciones Asignadas’ es decir’ el derecho a recibir y los flujos de recursos presentes y futuros derivados de las Participaciones; es decir, de los recursos públicos que recibe de la Federación.
Las recientes deudas adquiridas por el gobernador Alejandro Murat se han realizado a través de este fideicomiso creado con CIBANCO, acreditado por el notario público noveno de la Ciudad de México, José Ángel Villalobos Magaña. Esto, bajo la excusa de un refinanciamiento que reduzca el costo de la deuda pública del estado.
El fideicomiso también es presidido por Cristina Reus Medina de Córdoba, Veracruz –delegada fiduciaria en bancas internacionales y en CIBANCO–, al igual que Rodolfo Isaías Osuna Escobedo de la Ciudad de México; en el cual se señala que “dentro de sus fines se contempla que el Fiduciario del Fideicomiso, en su carácter de acreditado, celebre uno o más contratos de apertura de crédito simple, en los términos que le instruya el estado”.
De hecho, de la más reciente solicitud de deuda pública para Oaxaca por 16 mil 601 millones 902 mil 508.56 pesos solicitada por Alejandro Murat y que le fue aprobada por los diputados locales Morena, quienes tienen mayoría en el Congreso del Estado, 13 mil 101 millones 902 mil 508.56 pesos fueron para la contratación de créditos a través de la creación de ese fideicomiso privado, bajo el argumento de refinanciar la deuda pública actual del Gobierno del Estado.
Un día después de la creación del fideicomiso, se pidieron al Banco Santander 700 millones de pesos, pero al día siguiente, se solicitaron a Banobras tres créditos simples por una cifra total de 11 mil 155 millones 440 mil pesos.
CIBANCO, VÍNCULOS PRIISTAS
Tres de los miembros del Consejo de Administración de CIBANCO, se han desempeñado como funcionarios públicos emanados del PRI en el Estado de México, donde se desarrolló principalmente la vida política del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, también militante del PRI. Además, los principales operadores de la institución financiera también han desempeñado cargos en el estado de Guanajuato.
El primero de ellos es Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, presidente del Consejo de Administración, pero uno de los principales accionistas de CIBANCO, quien se ha desempeñado como Cónsul Honorario de la República de Mongolia en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.
El segundo es José Manuel Cadena Ortiz de Montellano, quien es hijo del ex diputado federal por el PRI y ex secretario general de Gobierno en el Estado de México, Manuel Cadena Morales. A ambos se les relaciona políticamente con el ex gobernador Eruviel Ávila. José Manuel Cadena Ortiz también fue regidor del municipio de Texcoco, Estado de México.
Además, él y su hermano Carlos Cadena Ortiz de Montellano tienen denuncias interpuestas por familias en su contra por la venta de casas sobrevaluadas hasta en un 40 por ciento y que les fueron vendidas por empresas como Urbi, Geo y Homex, propiedad de ambos hermanos.
Según, la denuncia el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, instruyó al personal de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y de las Policía Ministerial investigadora para que se “manipularan y ocultaran” las órdenes de aprehensión que un juez en materia penal libró en contra de René Jaime Mungarro y Sergio Armando Guevara Márquez, apoderados legales de Urbi Desarrollos Urbanos SA de CV; también implicados en este fraude.
Y finalmente, el tercer miembro priista del Consejo de Administración de CIBANCO es Jorge González Ramírez, quien en el gobierno del estado de Guanajuato ocupó el cargo durante el periodo de diciembre de 1977 a mayo de 1981 de Gerencia de Egresos en la Junta Estatal de Agua Potable y Alcantarillado; así como Delegado de Fiscalización Naucalpan, Estado de México, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
BAJO INVESTIGACIÓN
En noviembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria, dieron a conocer una investigación por delitos contra el libre mercado del dinero, en el que supuestamente participaron funcionarios del gobierno del estado de Sonora con bancos privados agrupados como acreedores.
Entre estos se encuentra CIBANCO, Institución de Banca Múltiple, la cual empezó a operar en ese estado del norte del país en 2018 por invitación de la Secretaría de Finanzas de Sonora “para iniciar disociaciones sobre la intención de cederle la operación total de la deuda pública del gobierno, la tenencia, colocación y oferta de bonos de deuda en el mercado nacional e internacional”; el mismo movimiento realizado con el gobierno de Alejandro Murat con la creación del fideicomiso.
A partir de esta información, los medios locales de Sonora informaron que lejos de beneficiar la intermediaria CIBANCO, lo que hizo fue acelerar la carga financiera para las finanzas de ese estado del país, aún como responsable tercero de la deuda.
“El pago de capital con reglas muy rígidas, igual que los intereses y el servicio de la deuda con la docena de bancos acreedores que no solo no reduce, sino que sube en cada trimestre casi exponencialmente”.
Además, los representantes de los bancos acreedores del gobierno de Sonora acusaron a CIBANCO de hacer “malabarismos financieros” cuando se trata de distribuir las participaciones federales, los cuales están a su completa disposición, y por ello, cada vez más “se ven afectadas como fuente de pago a la deuda directa”.
Pero también los recursos públicos procedentes de las participaciones que se utilizan para el pago de la deuda pública de Sonora, y que por tanto de igual manera están controlados por CIBANCO, son utilizados para el pago de los altos salarios del personal directivo de esta institución financiera.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2018 de Sonora, se detectaron irregularidades en las auditorías financieras y de desempeño como pagos excesivos de regalías y comisiones en pago al manejo y operación financiera de la deuda pública sonorense y “que el gobierno mantenía en armonía con la banca comercial, de desarrollo y fomento”; esto último, antes de la llegada de CIBANCO.
La ASF encontró pagos desproporcionados de intereses bancarios moratorios porque el gobierno sonorense y la intermediaria incurrieron en incumplimiento, aun cuando las participaciones estaban disponibles en tiempo en los fondos fiduciarios que actúan como dispersores de pagos.
Así como pagos exorbitantes por emolumentos, regalías y gastos de representación, viajes de los mandos gerenciales de CIBANCO que tienen bajo su responsabilidad la operación y vigilancia del comportamiento de la deuda y que no están clasificados en los analíticos del presupuesto de egresos de la federación.
Según el informe de la ASF, las operaciones a través de esta institución financiera provocaron un probable daño o perjuicio en contra de la hacienda federal por 202.8 millones de pesos en el año en que se renegocia la deuda pública, el 2018.
MENTIRAS DE REFINANCIAMIENTOS
Uno de los argumentos del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y sus secretarios de Finanzas para la contratación de este fideicomiso, fue para refinanciar la deuda pública del estado y bajar con ello, las tasas de interés.
De hecho, ocurrió lo contrario, tras la creación del fideicomiso con CIBANCO (en 2018), en un año, el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa elevó la deuda pública a corto y largo plazo del estado en un 59.33 por ciento a través de refinanciamientos o “reestructuración de la deuda”, según un informe que la Secretaría de Finanzas entregó a la 64 Legislatura del Congreso del Estado.
El reporte con corte al segundo trimestre de 2019 –junio de 2019– revela que estos refinanciamientos provocaron que la deuda subiera en más de seis mil millones de pesos; lo grave, es que los pasivos adquiridos por el mandatario estatal supuestamente para subsanar la falta de liquidez para algunas dependencias o secretarías no son utilizados.
Se advierte que el nivel de endeudamiento dejado por la anterior administración encabezada por Gabino Cué Monteagudo de alrededor de 14 mil millones de pesos, no se ha reducido; al contrario, se ha incrementado.
Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) coloca a Oaxaca entre las ocho entidades del país que presentan un nivel de endeudamiento en “Observación”; el resto de estas son Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Sonora, Nayarit y Baja California. Esto significa que el límite de endeudamiento adicional del gobierno oaxaqueño se redujo hasta un cinco por ciento de sus ingresos de libre disposición.
De acuerdo con el informe de avance de gestión financiera de la Secretaría de Finanzas, la deuda pública neta ascendía al 30 de junio de 2018 a nueve mil 276 millones 532 mil 110 pesos y para el 30 de junio de 2019 se elevó a 15 mil 364 millones 113 mil 36 pesos; es decir, una variación porcentual de poco más de 59% o en números absolutos, de más de seis mil 87 millones de pesos.
La “trampa”, explica la diputada local María de Jesús Mendoza Sánchez, está en lo que las autoridades estatales llaman “reestructuración”.
Por ejemplo, en 2018 el gobierno de Oaxaca tenía una deuda a corto plazo de dos mil 263 millones 850 mil pesos con las instituciones financieras Interacciones, Scotiabank, Multiva, y Banorte, la cual aparece liquidada o pagada pero a través de la contratación de más deuda con montos que oscilan entre los 39 millones a los 870 millones de pesos, con los mismos bancos. Estos refinanciamientos elevaron en 2019 la deuda a corto plazo en dos mil 488 millones 500 mil pesos; un incremento de 5.7 por ciento.
Lo mismo ocurre con la deuda a largo plazo. En junio de 2018 ascendía a siete mil 12 millones 682 mil 110.05 pesos y un año después, en junio de 2019, subió a través de refinanciamientos a 12 mil 875 millones 613 mil 36.3 pesos; un aumento de más de cinco mil 862 millones de pesos, 76.6% más.
Las leyes de Contabilidad Gubernamental, de Disciplina Financiera y de Ingresos, establecen que únicamente se recurre a la deuda pública de corto plazo para subsanar la falta de liquidez o recursos a causa de los retrasos en la ministración del presupuesto federal o porque no se han cobrado impuestos o derechos; además, señala que esos pasivos deben pagarse el mismo año en que fueron adquiridos, antes de que concluya el ejercicio fiscal.
Sin embargo, lo que ha hecho el gobierno de Oaxaca es que la deuda a corto plazo la reestructura y, al mismo tiempo la elevan.
“Por poner un ejemplo, no aparecen los mil 500 millones del préstamo que se tenía con Banorte porque aparece como pagada; pero en realidad está difuminado en varios préstamos más pequeños que al final si revisamos los datos de la deuda que se tenía el año pasado con la que se tiene ahorita, la deuda es mayor. Simula pagarlos contratando otros créditos más pequeños”, explica la diputada María de Jesús Mendoza.
Otra de las irregularidades que arroja el informe, detalla la legisladora, es que la deuda a corto plazo se está contratando para subsanar la falta de liquidez en las secretarías de Cultura y Artes de Oaxaca (Seculta), Turismo (Sectur), Salud (SSO) y de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial (Sinfra); así como para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Pero algunas de las dependencias al 30 de junio de 2019, afirma, no habían aplicado un solo peso del dinero que se obtuvo para ellas a través de préstamos con instituciones financieras, por lo que es absurdo pagar intereses por deuda pública que no se ejerce.
“Por un crédito bancario los intereses que está cobrando oscilan entre un 13 y un 20 por ciento, dependiendo el tipo de préstamo. Pero vamos al promedio de 15 por ciento, si estamos hablando de una deuda de mil 500 millones de pesos, al año se pasan 150 millones de pesos en intereses”, advierte la legisladora.
Una tercera irregularidad que se detectó en el informe de la Secretaría de Finanzas, de acuerdo con María de Jesús Mendoza, es que la ley de Disciplina Financiera señala que cuando se tienen ingresos extraordinarios, el 50% de esos recursos tienen que ser utilizados para el pago de deuda y el resto para proyectos de inversión. El gobierno del estado no lo hace así, tienen ingresos extraordinarios y lo gastan en proyectos de inversión y en gasto corriente.
La diputada informa que ha presentado una iniciativa de ley para prohibir que el gobierno de Oaxaca reestructure la deuda pública a corto plazo, dada su naturaleza que consiste únicamente en subsanar la falta de liquidez y la cual debe pagarse el mismo año en que fue adquirida
DISFRAZ DE LA DEUDA PÚBLICA
Según el propio informe de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat adquirió una deuda pública para el estado por 11 mil 855 millones 440 mil 833 pesos a través de la creación de un fideicomiso creado el 5 de noviembre de 2018.
Dos días después de creado el fideicomiso, el mandatario contrajo la deuda a través de este instrumento con la institución financiera Santander y con Banobras; el primero, el seis de noviembre de 2018 y tres créditos más el siete de noviembre de 2018.
Este instrumento, como ya se mencionó, fue creado ante el notario José Ángel Villalobos Magaña, titular de la notaría número nueve de la Ciudad de México y se suscribió como “Contrato de Fideicomiso Público sin Estructura, Maestro, Irrevocable, de Administración y Fuente de Pago número CIB/3135”.
La primera deuda contratada a través de este fideicomiso ascendió a 690 millones 193 mil 700 pesos con el banco Santander el seis de noviembre de 2018; y tres contratos con Banobras el siete de noviembre de 2018 por montos que ascienden a cuatro 873 millones 160 mil 493.65, dos mil 120 millones 401 mil 654.47 y tres mil 936 millones 345 mil 443.97 pesos.
De acuerdo con el contrato con el que se creó este instrumento con la autorización del Congreso del Estado de Oaxaca para llevar a cabo la contratación de operaciones de financiamiento por conducto del Fideicomiso Público de Contratación, hasta por un monto de 12 mil 301 millones 640 mil 482.76 pesos por el monto total de los saldos pendientes de cubrir respecto de los financiamientos a refinanciar, más los gastos y costos asociados a la contratación de los créditos.
FIDEICOMISOS, SINÓNIMO DE OPACIDAD
La asociación civil Fundar advierte que en el análisis de la Cuenta Pública 2018 resalta la persistencia de malas prácticas de transparencia, rendición de cuentas y control de los fideicomisos públicos.
Al cierre de 2018, el monto ejercido a través de fideicomisos a nivel federal se incrementó 15 por ciento respecto de 2017, es decir, 115 mil millones de pesos.
“Actualmente, existen 372 fideicomisos a nivel federal que tienen 973, 999 millones de pesos lo que equivale a 4.4 veces la suma del presupuesto de egresos de los Estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero para 2019.
“El 93% de estos recursos, siguen sin tener una estructura propia de fiscalización y seguimiento, por lo que representan un riesgo de opacidad en el ejercicio de los recursos públicos”.
Fundar señala que más allá de las leyes, es importante que las prácticas cambien y es necesario que se publique suficiente información sobre fideicomisos para conocer el destino y uso de sus recursos. A la par, es fundamental un mayor seguimiento y evaluación del cumplimiento de los fines por los cuales se crearon estas figuras para garantizar su utilidad y evitar que estos instrumentos faciliten la posible desviación de recursos y abra la puerta para actos de corrupción.
“Pese a los importantes avances en materia de transparencia presupuestaria y las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho desde hace años, siguen insuficientes los mecanismos de control de los fideicomisos. Prevalecen marcos normativos débiles que permiten un ejercicio de recursos públicos discrecional, opaco y con mínima rendición de cuentas”.
De la misma manera, el estado de Oaxaca se ubicó en la posición número ocho de las entidades del país con mayor opacidad en el manejo de los recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de acuerdo al Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2019.
De acuerdo con el análisis elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), Oaxaca se estancó con un cumplimiento de 72 por ciento –11 puntos porcentuales menos que los documentados en el reporte anterior sobre el presupuesto estatal de 2017.
La entidad oaxaqueña, detalla, únicamente cumplió con el 75 por ciento de los requerimientos en el rubro de acceso inicial de la información; específicamente sobre criterios relativos a la disponibilidad de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos en las páginas electrónicas de los congresos locales y gobiernos estatales, y con el 50 por ciento en el acceso a la información presupuestal de los municipios.
Asimismo, el gobierno estatal que encabeza Alejandro Murat sólo cumplió con el 46% de los criterios sobre información de deuda.
Es decir, la existencia de datos de fácil acceso para identificar la situación sobre la deuda pública estatal: su destino, el monto presupuestado para su pago en el ejercicio fiscal correspondiente y el monto destinado al pago de ejercicios anteriores.
Así como las condiciones de su contratación, y, en otro departamento, con el 33 por ciento en el rubro de acceso a la información sobre plazas y tabuladores, que abarca el desglose de información relativa al número y tipo de plazas (honorarios, base, confianza) y prestaciones que reciben los trabajadores de la administración pública estatal.
Además, el Imco detectó únicamente 67% de cumplimiento en el acceso a la información relacionada con rubros específicos, que contempla gastos como comunicación social, fideicomisos públicos, subsidios, organismos de la sociedad civil, instituciones de educación superior, recursos para niñas, niños y adolescentes, recursos orientados a la equidad de género, entre otros.
Los otros siete estados del país pero evaluados fueron Morelos, que registró 71%; Estado de México, 69%; San Luis Potosí, 68%; Guerrero, 64%; Chiapas, 54%; Ciudad de México, 52% y Michoacán, 46 por ciento.
Mientras que los estados que obtuvieron los mejores resultados fueron Baja California, Chihuahua y Guanajuato, con el 100 por ciento de cumplimiento.
BUSCAN DESAPARECER FIDEICOMISOS
Los diputados de la 64 Legislatura del Congreso del Estado aprobaron un punto de acuerdo en el que exhortan al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, al Poder Judicial y a los organismos autónomos, a extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica.
El objetivo es que los recursos se reintegren a la Tesorería estatal y se destinen a atender las necesidades de salud, sociales y económicas derivadas de la pandemia por el coronavirus Covid-19.
Según el documento aprobado, la discrecionalidad y opacidad con que son operados los fideicomisos, pueden desvirtuar su uso para el beneficio público, y orientarse a actos ilícitos y de corrupción.
“Por lo anterior, se solicitó al titular del Ejecutivo estatal, emitir a la brevedad un decreto que instruya a las dependencias estatales a dar por terminados todos los fideicomisos sin mandatos o análogos de carácter estatal, en los que funjan como unidades responsables o mandantes”.
Los legisladores también manifestaron su preocupación sobre la falta de datos exactos sobre el número de fideicomisos públicos administrados por instancias oficiales; además de que, existe una carencia de información en cuanto a si existe una estructura orgánica y controles propios de vigilancia para asegurar su transparencia y rendición de cuentas sobre sus operaciones.
“Es así que la representación popular coincidió que existe preocupación de que los rezagos históricos de Oaxaca, acumulen un mayor número de efectos por la pandemia, en perjuicio de la economía y la salud física y mental de la población. Esta previsión, debe obligar a los órganos del Poder Público de Oaxaca, a implementar acciones para enfrentar tales efectos negativos”.
Según los diputados locales, existe el mandato popular, para vigilar que los recursos económicos de que disponga el Gobierno estatal y los municipios, así como sus respectivas Administraciones Públicas Paraestatales, se administren con austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
En el punto de acuerdo también exigen al Poder Ejecutivo, al Judicial y organismos autónomos, tiene como objetivo proporcionar transparencia en el manejo del erario estatal y los recursos recuperados puedan ser reprogramados y destinados al gasto social, “a favor de las mayorías con especial atención en los grupos vulnerables”.
