Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 9 de diciembre de 2020.- A medio año del asesinato del adolescente de 16 años de edad, Alexander Martínez Gómez, en Acatlán de Pérez Figueroa, sus padres denunciaron la injusticia en el caso, donde están implicados elementos de la Policía Municipal.
Los señores Virginia Gómez, Teodoro Martínez y el hermano Alexis Martínez, exigieron a la Fiscalía General del Estado realizar las investigaciones necesarias para alcanzar una condena contra las personas involucradas en el crimen.
El joven futbolista fue asesinado el 9 de junio en la comunidad de Vicente Camalote, por disparos de arma de fuego por parte de un elemento policial, pero a pesar que en el hecho estuvieron involucrados cinco elementos la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, sólo uno de ellos fue detenido.
“Desde hace más de tres meses en diversas reuniones que sostuvimos con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, demandamos que se pronuncien sobre la responsabilidad en que pudieron incurrir los otros cuatro agentes, pero hasta la fecha no hay respuesta oficial a nuestra petición y los policías siguen en funciones”, señalaron los afectados.
Pero también la familia de la joven víctima aseveró que se enfrenta a la violación de sus derechos como afectados por parte del Juez de Control del Circuito Judicial de Tuxtepec, Pablo Escobar García, quien ha mostrado parcialidad a favor del policía detenido, mientras contra ellos se ejerce una revictimización.
AMENAZAS DEL EDIL
Los padres de “Chander” destacaron que son víctimas de intimidaciones y amenazas por enviados de parte del presidente municipal de Acatlán, Adán Maciel Sosa, a quien identifican como “El patrón”.
Las amenazas se han extendido contra los testigos de los hechos para que desistan de apoyar a la familia de Alexander.
“Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación seria, efectiva y diligente, respecto a la responsabilidad de todos los servidores públicos involucrados en el caso, y que manera urgente y coordinada con las autoridades de seguridad pública”.
Así también reiteraron la solicitud de apoyo por parte de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y a la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, para que el proceso no quede en el olvido de las autoridades oaxaqueñas.
