Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de diciembre de 2020.- En los últimos cinco años, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha integrado 58 expedientes relacionados con quejas por violaciones a los derechos humanos de personas defensoras.
Las autoridades más señaladas son la Fiscalía General del Estado con un 44 por ciento; Secretaría de Seguridad Pública con 30 por ciento y ayuntamientos con 22 por ciento.
Las quejas más recurrentes denunciadas por las personas defensoras de derechos humanos durante este periodo fueron: amenazas y hostigamientos (18 por ciento), así como de detenciones arbitrarias (32 por ciento), además de las quejas por negativa a cumplir medidas cautelares o por agresiones físicas.
Asimismo, un señalamiento recurrente identificado por la Defensoría es la negativa de acceso al derecho a la justicia: dilación en las carpetas de investigación respecto a las agresiones de las que las personas defensoras de derechos humanos han sido objeto y rechazo a iniciar procesos de investigación o la obstaculización de las investigaciones.
Por todo ello, el organismo que encabeza Bernardo Rodríguez Alamilla remarcó su exigencia de crear una política integral de protección que parta del reconocimiento de la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que las personas defensoras puedan ejercer en forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos, solo de esa manera se podrá ir construyendo una sociedad de derechos.
Asimismo, solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, redoblar esfuerzos para garantizar un ambiente propicio y seguro para las personas que defienden derechos humanos en el estado de Oaxaca.
Sostuvo que se debe garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, porque sin su trabajo, es imposible construir una sociedad igualitaria, participativa e incluyente.
La DDHPO urgió a las autoridades, sancionar cualquier acto que atente contra el libre ejercicio de las personas defensoras de derechos humanos y con ello, disminuir los altos niveles de impunidad de las agresiones a que se enfrentan, pues este hecho favorece la repetición de tales conductas.
“Para el órgano defensor, resulta preocupante que persistan discursos y narrativas que descalifican y estigmatizan la defensa de derechos humanos, lo que polariza la percepción de la sociedad, logrando deslegitimar y crear un ambiente hostil para que otras agresiones puedan cometerse contra estas personas”, expuso en un comunicado.
