Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de diciembre de 2020.- En Oaxaca, el coronavirus se topó con la pared de otra pandemia: la corrupción.
La Covid-19 ha devastado economías, acabado con empleos, colapsado hospitales, encerrado a millones de personas en sus casas y agravado la salud de otros tantos, pero no ha podido detener el letal virus del saqueo al erario.
De acuerdo con el sitio de internet Zona Roja (http://www.zonaroja.com.mx/?p=21038), en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 y 2019; el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, Oaxaca es uno de los principales estados con una realidad desfavorable en la lucha contra la corrupción.
La entidad se posicionó en el octavo lugar nacional donde los actos de corrupción han aumentado, siendo una 25 de los estados donde se registró esa condición, entre los años 2013 y 2019.
Sin embargo, al estilo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Oaxaca tiene otros datos y, según un comunicado emitido el 9 de diciembre, Día Mundial contra la Corrupción, “la Auditoría Superior de la Federación (ASF), determinó que Oaxaca está dentro de los 10 estados más transparentes del país, debido a que del monto revisado 16 millones 61 mil 19.03 miles de pesos, solo fueron observados 0.7 miles de pesos”.
Claro, no refuta las cifras del INEGI y mucho menos los graves señalamientos de legisladores e instituciones civiles, que en plena pandemia de Covid, han develado una serie de actos deshonestos por parte de funcionarios estatal.
El caso más reciente, de la asociación “Oaxaqueños contra la corrupción”, sobre el crecimiento desmedido de la fortuna de Amairani Valenzuela, secretaria General del PRI en el estado, y de su esposo Jorge Ilescas Delgado, actual coordinador de giras de Alejandro Murat.
Ambos han apostado por los bienes inmuebles y en menos de cuatro años, cuentan con un vasto terreno en Tlalixtac de Cabrera, y dos restaurantes de especialidades; los datos, por supuesto, comparados con la declaración patrimonial de ambos.
También, en dos ocasiones, la Barra Oaxaqueña de Abogados Ambientalistas, ha denunciado favoritismos por parte de Samuel Gurrión Matías, titular de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, en la licitación de centros de verificación vehicular.
Incluso, el desaseo llegó a tal grado que unos meses antes de la licitación se creó una empresa con características específicas que requería los requisitos para las obras, y hasta ya tenía el terreno para un centro verificador.
Como es costumbre de los Gurrión, Samuel hizo mutis y optó por pactar con los denunciantes para que tuvieran cabida en los procesos de concurso.
Está el caso también de la Secretaría de Administración, que encabeza Germán Espinosa Santibáñez –a quien le precede también un pasado turbio a su paso por el Cobao–, quien a inicios del mes fue señalado de contratar a una empresa “fantasma” para la colocación de adornos navideños en complejos administrativos y Centro Histórico de la capital, con un gasto de dos millones 955 mil 351.15 pesos.
A mediados de octubre, también se reveló la contratación directa que efectuó la Secretaría de Administración, el pasado mes de abril por 11 millones 889 mil 999.55 pesos, para la adquisición de túneles satinizantes, que a la postre no sirvieron.
De la misma dependencia de Germán Espinosa, en septiembre se dio a conocer que de manera misteriosa, el sitio de internet de Administración colapsó, pero particularmente en el área donde se encuentran las licitaciones públicas.
El DIF Oaxaca, que preside la señora Ivette Morán, a la que muchos consideran la vicegobernadora, también ha sido señalado, en probables negocios con una empresa para la distribución de alimentos, pero que está señalada por el SAT.
Abastos y Distribuciones Institucionales S.A de C.V fue inhabilitada por parte de la Secretaría de la Función Pública, lo cual quedó registrado en el expediente administrativo PISI-A-SUR D.F.-NC-DS-273/2006. Aun así, seguía la predilección hacia ellos.
Los Servicios de Salud no han estado exentos y fue el caso de Jorge y David Concha Suárez, el primero jefe del área de Vectores y el segundo, director de Administración, que finalmente fue cesado a exigencia de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Salud.
Ambos tenían procesos en su contra, pese a lo cual uno aún funge como servidor público estatal.
Pero, también esa corrupción ha tenido un probable protector desde el seno del Poder Legislativo, y lo reveló el miércoles 9 de diciembre el diputado local por el PT, César Morales Niño:
“Me acabo de enterar que los dictámenes de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, no son enlistados; que se registran pero no sabemos si por Servicios Parlamentarios, por la Jucopo o de toda la conferencia parlamentaria, se bajan los dictámenes que no convienen al Gobierno del Estado.
“Han sido bajados sin explicación alguna, violando el trabajo que se hace en comisiones… No podemos ser cómplices de la corrupción ni podemos ser parte de este sistema corrupto. Una práctica que se hace a modo y a petición de un grupo parlamentario que bueno, es el grupo en el poder”. Así que, si el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y su respectivo comité tienen nulos resultados; si la Fiscalía Anticorrupción está atada a los caprichos de la Fiscalía General del Estado; si en el Congreso se paran los dictámenes que develan deshonestidades, ¿a dónde va a parar Oaxaca?
(Texto publicado en «Cuadernos de la Pandemia», que coordinan Isidoro Yescas y Claudio Sánchez)
