Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 23 de diciembre de 2020.- La gobernabilidad en Oaxaca se vuelve a ver endeble ante las manifestaciones y bloqueos carreteros, ahora hasta por las autoridades municipales del Istmo y la región Mixteca, quienes exigen atención del gobierno estatal.
Este miércoles, la presidenta municipal de Asunción Nochixtlan, Lizbeth Victoria Huerta, encabezó la “toma” de la caseta de peaje de San Pablo Huitzo, desde temprana hora.
La edil arribó al lugar junto con un grupo de trabajadores del ayuntamiento de Nochixtlán, quienes por medio de mensajes en cartulinas demandan solución a sus demandas.
Algunos automovilistas también denunciaron que el grupo de servidores públicos se encuentra agresivo.
TAMBIÉN ISTMO
En tanto, en la región del Istmo, por segundo día consecutivo las autoridades de Juchitán, Salina Cruz, Tehuantepec y San Blas Atempa, entre otros, mantienen bloqueos en tres tramos carreteros de la zona, impidiendo el paso hacia la región de Valles Centrales y el estado de Chiapas.
Esta mañana, liderados por los presidentes municipales, los trabajadores de los ayuntamientos cerraron el paso en el punto conocido como “El Caracol” sobre el kilómetro 246 de la carretera Panamericana 190 en el tramo Jalapa del Marqués – Tehuantepec.
Además, en la carretera Transístmica 185, en el punto conocido como la “Y” o entronque en de La Ventosa. Así como en el kilómetro 58 de la carretera 190 Panamericana, en el tramo La Ventosa-Tapanatepec, en el punto conocido en el Puente Ostuta, sin paso al estado de Chiapas.
MARCHA EN LA CAPITAL
Por otra parte, un grupo de indígenas triquis desplazados de San Juan Copala marcharon este miércoles en el Centro Histórico de Oaxaca para denunciar el abandono institucional del Gobierno del Estado en el transcurso de 10 años de su desplazamiento forzado.
En conferencia de prensa, tras la marcha, las mujeres indígenas recordaron la violación a sus derechos humanos al no aplicase justicia ni las condiciones para el regreso a su comunidad bajo las condiciones que garanticen la seguridad de las familias.
La violación a sus derechos también se acentúa ante las condiciones en la que viven en campamentos, sin acceso a los servicios de salud, educación y vivienda.
Las familias exigieron la intervención nuevamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer los avances en este caso.
