Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 7 de febrero de 2021.- El diputado local por el Partido del Trabajo, César Morales Niño, presentó en el Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual se modifican los artículos 44 y 61 del Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, misma que fue turnada a comisiones.
Lo anterior con la intención de que los ayuntamientos no retrasen conflictos laborales, promovidos por las y los trabajadores, de lo contrario podrían incluso ser acreedores a la revocación del mandato, que se incluye como sanción a las autoridades.
“En Oaxaca, la justicia laboral burocrática municipal se caracteriza por el enorme tortuguismo y dilación que existe en la tramitación de los juicios, pero es peor la tardanza para ejecutar los laudos o resoluciones que se dictan, ya que es común que los ayuntamientos utilicen estrategias dilatorias para evadir el cumplimiento en casos de condenas al pago de prestaciones económica”, expuso.
De acuerdo con el legislador, la propuesta tiene como finalidad evitar dilaciones procesales en los conflictos laborales que se dirimen entre trabajadores y las propias autoridades municipales en su carácter de empleador y/o patrón, mismas que son realizada a propósito para no reconocer los derechos adquiridos por los demandantes.
Específicamente, la iniciativa busca que los laudos y resoluciones de la Junta de Arbitraje para Empleados al Servicio del Estado de Oaxaca, se cumplan en breve término y se vaya erradicando la práctica de heredarle a los futuros gobiernos municipales el cumplimiento de los mismos.
Así mismo acabar con la práctica dilatoria de solicitar un decreto especial al Congreso del Estado para el pago de laudos, la cual a sabiendas que tendrá una respuesta negativa, sigue siendo una actividad recurrente que retrasa los asuntos en perjuicio de los y las trabajadoras.
“Por ello, se propone que si el empleador utiliza actos procesales que dilaten o extiendan el conflicto laboral, deba ser causal de revocación de mandato al hacer fraude a la ley”, dijo.
Además, Morales Niño explicó que las prácticas dilatorias no sólo perjudican la economía de las y los trabajadores, sino también merma la hacienda pública municipal ya que se heredan deudas millonarias como parte de los salarios caídos, vencidos y todas aquellas prestaciones económicas acumuladas.
De ahí la necesidad de prohibirlas y la sancionarlas; la iniciativa fue turnada a comisiones, para su análisis correspondiente.
