Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de febrero de 2021.- Debido a la revictimización y la impunidad que enfrentan las mujeres que denuncian violencia en su contra, al interior de las instancias de procuración de justicia, el diputado local por el Partido del Trabajo, César Morales Niño, propuso modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Y es que, de acuerdo con el legislador, las instituciones del Estado no han respondido con fortaleza para prevenir, sancionar y erradicar el aumento de violencia de género que se registra actualmente en la entidad oaxaqueña. Por el contrario, las medidas o estrategias implementadas por el gobierno estatal han sido rebasadas.
Claro ejemplo es lo que sucede al interior de la Fiscalía a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, en donde las denuncias se han convertido en el calvario de las víctimas, ya que muchas veces las y los agentes del Ministerio Público adoptan posturas de incredulidad y no ofrecen la certeza que los agresores serán sancionados, expone.
Son incontables los casos que refieren que el actuar del MP va encaminado a que las víctimas desistan, le hacen creer que la violencia en su contra se trata de mal entendidos de pareja, o vuelven a revictimizarlas, sin adoptar medidas urgentes con perspectiva de género que salvaguarden la integridad de las mujeres.
De ahí que, para Morales Niño no es suficiente que exista una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, mucho menos un Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de feminicidio en el estado, mientras se siga tolerando conductas machistas y misógina al interior de la dependencia.
“La violencia contra las mujeres es otra gran pandemia que afectan a nuestra sociedad. La impunidad es la raíz de que cada vez se incremente la violencia en contra de las mujeres”, refiere en su exposición.
Por lo anterior, propuso adicionar un párrafo al artículo 95 de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que garantice la protección de las víctimas, así como la asistencia y atención personalizada desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho considerado como delito.
Lo anterior evitaría que las y los servidores públicos de la dependencia revictimicen a las denunciantes, y en caso de hacerlo se sujetará a lo dispuesto por el procedimiento sancionador que en la materia corresponda.
Mientras que las modificaciones al artículo 96 incluyen la adición de la fracción VIII que propone promover acciones que garanticen la seguridad y el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que, con motivo de la intervención en el procedimiento, se encuentren en riesgo inminente. “Con estas medidas legislativas, este Congreso atiende realidades sociales y proporcionara un marco jurídico que permita a la Fiscalía del Estado, combatir y erradicar las conductas internas que entorpecen la búsqueda de justicia de las mujeres que han sido víctimas de violencia”, manifestó el legislador en su iniciativa, que fue turnada a comisiones.
