Evlin Aragón
Oaxaca de Juárez, Oax., 27 de julio de 2019.- Alrededor de 15 comunidades de Oaxaca y un número similar de organizaciones sociales en defensa del territorio exigieron a las autoridades estatales y federales la cancelación de las concesiones mineras emitidas en territorios de ejidos y comunidades de Tlacolula, Ocotlán y Ejutla.
Sin embargo, la empresa canadiense Fortuna Silver, concesionaria de la Compañía Minera Cuzcatlán, instalada en San José del Progreso, respondió con un comunicado en que detalló que ha invertido este año 243 millones de pesos, de los cuales 90 millones se aplican a exploración de nuevos yacimientos de plata.
Respecto al uso del Fondo Minero (FM), resaltó “como una acción de justicia que los recursos que salen de las comunidades mineras regresen en forma de beneficios”, en 2018 la empresa contribuyó con 117.7 millones de pesos al FM, más de 463 millones de pesos de regalía minera para el Servicio Geológico.
En salarios, servicios, prestaciones sociales y acuerdos con las comunidades se invirtieron 595 millones de pesos.
La minera, que se ubica en San José del Progreso, Oaxaca, genera mil empleos directos e indirectos, 70% de sus empleados son originarios del municipio y comunidades cercanas, 13% de su fuerza laboral son mujeres y la mayoría de los proveedores son empresas locales.
La mina extrae ocho millones de onzas de plata. El 60% se destina a Corea del Sur; 40%, a Alemania. La minera Cuzcatlán es la séptima a nivel mundial en producción de plata, y cuarto a nivel nacional, es la tercera industria más importante de Oaxaca detrás de la cervecera y cementera.
PERSISTE RECHAZO
Por su parte, de acuerdo con un documento emanado de la Guelaguetza contra la Minería y fiesta de la resistencia que celebraron en días recientes en San Martín de los Canseco, Ejutla, donde se reunieron representantes de las comunidades zapotecos y campesinas de la región de los Valles Centrales, persiste el rechazo a las mineras.
Ahí pidieron respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades que a través de sus instancias de toma de decisiones internas ya se han pronunciado en incontables ocasiones en contra de la minería en sus territorios.
“El modelo extractivo y económico del gobierno federal, sus concesiones y proyectos mineros es la principal amenaza para los pueblos porque se imponen violentamente, despojando de las riquezas mineras, culturales, espirituales y organizativas”, refiere el documento que difundieron a los medios de comunicación.
Explicaron que en 10 años de resistencia han podido comprobar que la minería en Oaxaca no solo afecta el medio ambiente con la extracción de los minerales, sino también toda la vida de la comunidad generando división y confrontación al interior, asesinatos de defensores, e incluso modificaciones a su propia identidad.
Por lo que exigieron a la Secretaria del Medio Ambiente (Semarnat), desechar la autorización de la solicitud de los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto San José del Progreso II, así como sanciones ejemplares a los responsables de la contaminación del río “Coyote”, en Magdalena Ocotlán y la muerte masiva de los peces en la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.
Mientras que a las autoridades de procuración de justicia exigieron castigo a todos los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de los defensores y defensoras comunitarias que les han arrebatado la vida en la defensa del territorio.
