Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, 16 de junio de 2021.- El Poder Judicial “pierde toda su legitimidad” con la llamada ‘Ley Zaldívar’, advirtieron este martes organizaciones de la sociedad civil.
Resaltan que incluir el artículo 13 transitorio en la Reforma Integral al Poder Judicial -que propone la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de cuatro a seis años- es una disposición que atenta contra la Constitución y, además, es una decisión grave que sólo obedece “a un interés personal del presidente de la República”.
Al participar en un foro sobre la independencia del Poder Judicial en México, organizado por la Cámara de Diputados, la coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, Laurence Pantin, consideró que el artículo 13 transitorio es anticonstitucional, además de peligroso, porque el Consejo de la Judicatura Federal, el cual es clave para garantizar la independencia y eficiencia de los juzgadores, buscaría complacer a quien tenga esta decisión entre sus manos de recortar o alargar su mandato.
Alertó que es preocupante que el Ejecutivo defienda la ampliación de mandato del presidente y de los ministros del Poder Judicial, “pues pareciera que tiene un interés personal en que se queden”.
Esto, señaló, atenta con lo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que no basta que la justicia sea independiente, sino que tiene que parecerlo; de lo contrario, las decisiones judiciales pierden toda legitimidad.
Julio Ríos Figueroa, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señaló que la sociedad civil organizada también participa en medios de comunicación difundiendo logros y señalando las debilidades del Poder Judicial. Asimismo, a través de las investigaciones aplicadas tiene impacto e influye en lo que la sociedad en general piensa o percibe sobre el Poder Judicial.
Indicó que esta sociedad ayuda a superar los obstáculos que enfrentan muchas personas en términos de acceso a la justicia y contribuye de manera clave para el apoyo del cumplimiento de las sentencias. Una vez que ayudó a llevar el caso ante los jueces se convierte en agente de monitoreo de los actores que ahora les toca implementar las sentencias.
Juan José Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apuntó que la dinámica y el mecanismo que utiliza el Poder Judicial para no socializar su trabajo resulta cuesta arriba para el acceso a la justicia. “Hay un problema estructural ya que no existe un puente que lo conecte con la sociedad civil”.
Destacó que si se quiere hablar de una reforma judicial histórica, no se puede dejar de lado la justicia social; ya que no se va cambiar hasta que se entienda que la justicia local debe de ser algo que esté con los mismos criterios de evaluación y transparencia que los parámetros federales. “La clave para una buena convivencia del Poder Judicial y sociedad civil está en el acceso a la justicia”, dijo.
Estefanía Vela Barba, de Intersecta, se refirió a los tribunales, los cuales comentó que resuelven conflictos entre partes, pueden ser dos personas o dos poderes; asimismo, son instancias a las cuales se puede acudir cuando nuestros derechos son vulnerados.
“Los tribunales importan, no sólo para quienes están en el litigio, sino porque en esa resolución de esos conflictos se puede cometer una serie de injusticias; desde tribunales que por corrupción distorsionan la ley hasta tribunales que actúan con base en estereotipos o prejuicios machistas, racistas o clasistas que cometen una serie de injusticias”, agregó.
Susana Camacho Maciel, del Colectivo contra la Impunidemia, expuso que el tema de calidad se relaciona con la satisfacción de los usuarios y, en el caso de la justicia, se tiene que dejar de centrar el trabajo en el funcionario público ya que la autonomía de jueces y magistrados está en la función de un derecho de la ciudadanía.
Asimismo, puntualizó que uno de los principales puntos a priorizar, para garantizar el acceso a la justicia, es que en las audiencias de donde se pronuncian los jueces sean públicas y con una inclusión de lenguaje sencillo. Hoy en día la función de los jueces está cambiando, pero aún faltan algunos elementos”, señaló.
Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, comentó que para un buen funcionamiento del poder Judicial es necesario regresar a la óptica de política pública, donde se identifican los problemas y la solución adecuada, ya que ahora hay leyes muy ambiciosas que cuando se trata de socializar tienen muy poco impacto.
Además, comentó que es fundamental que se impulse la transparencia en la información en los casos, las sentencias y resoluciones y se analice cómo se enfrenta la judicialización de derechos básicos pues, en este momento, se utiliza el amparo para resolver asuntos de políticas públicas.
(Información de “El Financiero”)
