Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de junio de 2021.- “Porque somos indígenas o porque vivimos en una zona marginada no les interesa, no les importa, pero cuando las votaciones necesitan, ahí si recurren a los pobres”.
Son las palabras de doña Reyna Mendoza, habitante de Huazantlán del Río, localidad perteneciente al municipio de San Mateo del Mar que, desde hace un año fue víctima de una masacre en la que 15 personas fueron brutalmente asesinadas, sin que hasta la fecha exista justicia para las familias.
La mañana de este lunes, ella y decenas de personas protestaron en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de la Fiscalía General del Estado, para pedir, nuevamente, la justicia que no llega, pese al paso del tiempo.
La mujer tiene claro el desinterés por parte de las autoridades, quienes permiten que los responsables de la masacre sigan libres y campantes en la localidad, incluso son las víctimas las que viven con temor a que nuevamente se desate la violencia en perjuicio de la población.
“Desconocemos el motivo, no sabemos por qué no nos hacen caso. Ya basta de las injusticias hacia la mujer, ya basta de crímenes que se han cometido no nada más en San Mateo, no nada más en Huazantlán, sino en muchas otras comunidades”, indicó.
La valiente mujer relató que el problema empezó desde el 2 de mayo del 2020, cuando agarraron a la gente de Santa Cruz, la amenazaron y la metieron a la cárcel, culpándolos por el problema del Covid, dijeron que había problemas y que había que cerrar todo. “Desde ahí empezó el problema”, dijo.
En conjunto las y los manifestantes aseguraron que, a todas luces, se trata de un acto de discriminación por parte de las autoridades de Oaxaca, cuyos responsables de la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General de Justicia no escuchan al pueblo indígena y no cumplen con su trabajo.
Recriminaron que, tal y como lo hizo en su momento Rubén Vasconcelos Méndez, el actual fiscal, Arturo Peimbert Calvo, mencionó que no se pueden ejecutar las más de 160 órdenes de aprensión en contra de los responsables, hasta que la Segego no lo autorice, lo cual promueve la impunidad y va en contra de la autonomía de la dependencia.
Así mismo, evidenciaron que principalmente las ordenes de aprehensión son en contra de José Luis Chávez Salinas, Camerino Dávalos, Laura Fiallo, entre otros, que fueron acusados de homicidio por parte de familiares de las víctimas.
Como lo han hecho desde hace un año y ante la desidia de las autoridades, este lunes protestaron de nuevo y recordaron que son 15 familias las desplazadas de la zona, quienes mantienen su plantón en el zócalo de la ciudad, mientras que la población es víctima de las amenazas y la inseguridad que impera en la localidad.
