Redacción/Zona Roja.
Ciudad de México, 7 de agosto de 2019.- Oaxaca es una de las nueve entidades del país que cuenta con recursos federales para crear su unidad antilavado; sin embargo, a ocho meses del año, no hay anuncios de su conformación.
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y San Luis Potosí son los otros estados que tienen asignado presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el «fortalecimiento y/creación de las Unidades de Inteligencia Financiera».
No obstante, aunque es una de las prioridades nacionales en seguridad y justicia, pocos estados invierten recursos del en las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).
Las nueve entidades referidas invertirán en total 43.8 millones de pesos de recursos federales para las UIPE, cantidad que representa apenas el 0.6 por ciento de los siete mil 202 millones de pesos que la Federación distribuye este año a los estados para cumplir con las estrategias nacionales en la materia.
Recientemente, el periódico “Reforma” publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda retomó el proyecto de las UIPE en los estados -que se había acordado en 2011, pero no fructificó- como parte de su Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero.
Las unidades estatales combatirán el lavado de dinero usando como insumo bases de datos del predial, de impuestos sobre compra de inmuebles, registros de información bancaria y datos de los registros públicos de la propiedad,
En el resto de las entidades, ese subprograma que deriva de las 10 prioridades nacionales en materia de seguridad y justicia, aparece en ceros en los anexos técnicos que firmaron durante el primer semestre del año.
La entidad que destinará más recursos del FASP a su UIPE es Estado de México, con 20 millones de pesos.
En Oaxaca, a pesar de que ya hubo un foro al respecto, por parte del Poder Legislativo estatal, aún no se ha definido de qué instancia dependerá dicha Unidad, si de la Secretaría de Finanzas o de la Fiscalía General del Estado.
