Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 3 de julio de 2021.- Las diputadas Elisa Zepeda Lagunas y Magaly López Domínguez, se sumaron al exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que se abstenga de realizar acciones intimidatorias en contra de Erika María Rodríguez Rodríguez en la exigencia de sus derechos humano y a la paridad de género.
Lo anterior mediante un Punto de Acuerdo en el que explicaron que la actual jueza participó en el proceso de selección para ocupar la vacante de magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; sin embargo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, de forma discrecional designó a dos hombres para ocupar las vacantes de Magistraturas.
Ello a pesar de tener la obligación de incorporar la perspectiva de género en todo el proceso de designación, debido a la reforma constitucional conocida como «Paridad en Todo», aprobada en el mes de junio del año 2019.
Ambas legisladoras, explicaron que la jueza inició una batalla legal que permitió, en un primer momento, suspender en las funciones del cargo a los magistrados nombrados por el gobernador.
No obstante, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa dejó sin efecto la suspensión provisional luego de la inconformidad de consejero jurídico del Ejecutivo.
A partir de la defensa legal que ha emprendido, Erika María Rodríguez está siendo investigada penalmente alegando una ventaja procesal indebida, acto que se interpreta como una forma de intimidación y persecución, con la intención de generar un miedo y desaliento de continuar con su lucha.
“Esto es grave en un contexto en el que históricamente, las mujeres hemos sido privadas de nuestros derechos humanos, obligándonos socialmente a callar y no alzar la voz ante las atropellos y violencia estructural de la que hemos sido objeto”, refirieron en el documento emitido.
En este mismo sentido indicaron que, aunque parezca irreal, en la sociedad siguen predominando los estereotipos de género y sigue siendo una cultura de desigualdad la que impulsa las decisiones de quiénes deben ocupar los espacios públicos de decisión; además de la persecución y castigo que se les da por alzar la voz.
Finalmente recordaron que, en México, la paridad de género es un principio constitucional que se refiere a la participación equilibrada, justa, y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática.
Así mismo que, de acuerdo con la Convención para la Eliminación todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer la oportunidad de participar en la vida pública, la política y representar a su gobierno.
