Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 31 de julio del 2021.- Luego de que se diera a conocer la lista de las personas que aspiran a integrar el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, ciudadanos y colaboradores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), acusan influyentismo, nepotismo y corrupción por parte de una de las aspirantes.
Lo anterior porque contrario a lo establecido en los lineamientos de la convocatoria, aprobada por el Congreso del Estado de Oaxaca, la ciudadana Yarib Hernández García, aspirante a integrar dicho Consejo, actualmente ocupa cargos públicos, situación que denota un evidente conflicto de intereses.
La servidora pública se desempeña como Consejera Ciudadana de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Aunado a este cargo, es funcionaria en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Pero ese no es la única contradicción en la que cae la ahora aspirante a formar parte del Sistema Anticorrupción, pues se le acusa de nepotismo y corrupción, debido a que posteriormente a obtener su cargo como Consejera en la DDHPO, se designó a su padre, Magdiel Hernández Caballero, como Defensor Especializado en Pueblos Indígenas de la DDHPO.
Esta situación debería estar prohibida, máxime que es bien sabido que los y las consejeras actuales de la DDHPO han metido a sus familiares como aviadores y tienen sus pequeñas cuotas de poder dentro de dicha institución, convirtiéndose en un lastre para la sociedad oaxaqueña.
Por los antecedentes mencionados, Yarib Hernández García, no cumple con un perfil honorífico que garantice que sea una persona que busque hacer frente a la Corrupción que tanto aqueja a la entidad.
Además, en el supuesto que se genere un conflicto en la UABJO que requiera la intervención del Consejo al que pertenece en la DDHPO, Yarib Hernández García, se convertiría en juez y parte, vulnerando los derechos de las personas afectadas.
Resulta oportuno resaltar que, el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) tiene la función de representar a la ciudadanía oaxaqueña y es el eje articulador y vinculante del Sistema Estatal Anticorrupción.
