Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de agosto de 2021.- Integrantes de la asociación civil Tequio Jurídico aseguraron que no creen en la buena voluntad del gobierno hacia los pueblos indígenas, pues representa la continuación del mismo sistema político y económico que ha generado desigualdad, exclusión y despojos históricos en sus territorios.
Así lo plantearon tras hacer una revisión exhaustiva a la iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que impulsa el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de la cual manifestaron una serie de preocupaciones.
Particularmente ante el riesgo que la consulta previa, libre e informada desafíe la autonomía de los pueblos y no la respete; así como el polémico término “propiedad intelectual colectiva”, el cual consideran debe suprimirse de la iniciativa ya que únicamente causará controversias y conflictos.
En este mismo sentido, cuestionaron los términos cambio climático, protección de la biodiversidad y sostenibilidad que han sido utilizados para imponer proyectos energéticos; el nuevo régimen fiscal especial para las comunidades y pueblos indígenas; así como la ausencia de límites a los proyectos de desarrollo o inversión en territorio comunitario.
En un documento que hicieron público en sus redes sociales, indicaron que el impulso de una reforma constitucional sin plantear una crítica al modelo capitalista, se queda en el discurso, por lo que propusieron que ésta tenga un carácter de avanzada, aun con el riesgo de no aprobarse en los términos planteados.
Aprovecharon para cuestionar las consultas apresuradas y sin que exista la disposición total de escuchar a las comunidades y pueblos indígenas, mismas que aseguran se realizan únicamente como mero requisito.
“Desconfiamos de las consultas hechas a prisa, sin que exista tiempo suficiente para que las comunidades reflexionen a fondo el contenido de la iniciativa y se limiten solo a firmar que la apoya. Así fue en la región chontal”, manifestaron.
Así mismo, recordaron que muchas veces las leyes y la Constitución misma se quedan en papal y no garantizan un país más justo para las y los indígenas; a la par que indicaron al interior del Poder Legislativo se mueven intereses que van en contra de la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas.
Por lo anterior, indicaron que confían en que con o sin reforma constitucional indígena, las comunidades seguirán resistiendo, defendiendo sus territorios, luchando por sus proyectos de vida que desafían al capital y a los proyectos de despojo y destrucción.
“Creemos en la organización de los pueblos indígenas y en el fortalecimiento de su autonomía, enraizada en una diversidad de luchas, historias y prácticas colectivas ancestrales que van más allá de la iniciativa, e incluso del sistema jurídico mexicano”, indicaron.
Finalmente, pese a las críticas, resaltaron como aspectos positivos: el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como sujeto de derecho público; la inclusión explícita de los derechos de las mujeres y de pueblo afrodescendiente; el reconocimiento de la relación especial entre los pueblos y sus territorios; el reconocimiento del derecho a la tierra y de la jurisdicción indígena.
