Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 19 de agosto de 2021.- Autoridades de San Pedro Apóstol, Ocotlán, pidieron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ceder a la presión del lobby minero y de la compañía minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines y ratificar la negativa a la ampliación del proyecto minero “San José II”.
Lo anterior luego de conocer el proceso de impugnación que promovió la empresa minera, y la presión que actualmente ejerce hacia las instituciones del Estado mexicano mediante una campaña cínica y mentirosa que montó en sus redes sociales, medios locales y estatales.
Mediante un documento, firmado por el presidente municipal, Alejandro Taurino Ávila Gopar y todo su Cabildo, manifestaron que se hace impostergable y urgente el cumplimiento de los acuerdos que se signaron con la Semarnat en marzo pasado y que establece el inicio de los estudios para corroborar los daños ocasionados por la actividad minera en la zona.
Así mismo pidieron la entrega de todo el expediente sobre el derrame tóxico suscitado en octubre del 2018, por el cual se vertieron un millón 516 mil litros de desechos de la presa de jales secos de la Compañía Minera Cuzcatlán al Arroyo Coyote, tal como fue la petición original desde septiembre del 2020.
El reinicio del diálogo con el municipio y la ratificación de la negativa a la Manifestación de Impacto Ambiental MIA-regional presentada por la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.
Recordaron que la reciente resolución de la dependencia federal es consecuencia de una larga lucha de resistencia de los pueblos y comunidades afectadas que día a día ven morir su tierra y territorio y que ven enfermar y morir de enfermedades graves y extrañas a sus familiares.
Historia que se remonta a mayo del 2009, fecha en la que un operativo de más dos mil elementos policiales desalojó de manera violenta un plantón que sostenían pobladores de varias comunidades zapotecas del valle de Ocotlán en las instalaciones de una mina vieja, en la comunidad de San José del Progreso, que fue comprada por Minera Cuzcatlán.
“Fue así como el Estado Mexicano instaló por la fuerza la minera y con ello se inició el ecocidio, el despojo y la destrucción de nuestra tierra, nuestros campos, nuestro territorio y nuestros pueblos”, refiere el documento.
En este mismo sentido indicaron que, durante 12 años, la mina solo ha dejado contaminación del ambiente, pérdida de flora y fauna, enfermedades y muerte del ganado, erosión de la tierra y pérdida de cosecha, lo cual se agudizo en 2018 con la contaminación del Río Coyote, que recorre siete comunidades.
Por lo anterior anunciaron que mantendrán alerta y en defensa de su territorio ante el constante asedio que Compañía Minera Cuzcatlán ejerce hacia su territorio en busca de minerales, toda vez que continúan vigente 31 concesiones en el Valle Zapoteco.
“Por la defensa de la vida, de nuestra tierra y territorio, no a la minería de la muerte en nuestros territorios zapotecos”, sentenciaron.
