Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de septiembre de 2021.- Comuneras y comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe se manifestaron en contra de los recientes acuerdos que, aseguran, les despojan de sus tierras y manantial, mismos que fueron avalados en una asamblea viciada y en la que no fueron tomados en cuenta.
De acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa en la capital, el pasado 28 de agosto la autoridad municipal encabezada por Jesús Galván Rojas convocó a una asamblea extraordinaria y urgente en donde se tomó la decisión unilateral de ceder un importante número de terrenos, sin escuchar la oposición de un importante número de habitantes.
Lo anterior a fin de terminar con el conflicto que enfrentan con el municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo, de ahí que por acuerdo de asamblea se determinó establecer una colindancia con dicha comunidad que implica ceder tierras y dejar la propiedad del manantial a quien se los arrebató hace cuatro años.
Ante dicha situación, exigieron ser tomados en cuenta por las autoridades, al ser los directamente afectados por el conflicto; respeto a sus terrenos ubicados cercal del manantial y Las Islas, mismos que piden no entregar como moneda de cambio; y finalmente, que se cumpla con la sentencia de la reconexión al manantial en los términos ordenados por el Juez Tercero de Distrito.
A las afueras de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), denunciaron la crisis a la que se enfrenta la asamblea como máxima autoridad comunal, al no ser considerada la autonomía y libre determinación del pueblo y mucho menos ser escuchadas todas las voces de su población.
Explicaron que, actualmente, las asambleas ya no son para analizar y construir consensos, sino para validar acuerdos que son previamente establecidos, “las asambleas se han vuelto en reuniones simplemente informativas”, denunciaron.
En este mismo sentido, indicaron que son las mismas personas de siempre las que conducen los debates al interior de la asamblea, quienes no permiten la participación de quienes se pronuncian en contra, además que condicionan los apoyos del gobierno para consolidar la participación del pueblo.
“En las asambleas se amenaza y agrede de manera verbal a quienes no estén de acuerdo con las propuestas del presidente municipal”, indicaron.
Finalmente, y sabedores de las implicaciones que tiene la denuncia pública en contra de su presidente municipal, lo responsabilizaron junto con las demás autoridades de cualquier agresión y hostigamiento del que pueden ser víctimas de manera personal o familiar.
“Para nosotras y nosotros la tierra no se vende, se defiende; la tierra es parte de nuestra identidad, de nuestra historia; la tierra es nuestro presente y futuro, en ella hemos vivido… por ello rechazamos desde ahora cualquier medida encaminada a atribuirles un valor económico.
Aunque el grupo inconforme argumenta que no fue tomado en cuenta, la decisión tomada en asamblea se hizo pública el pasado dos de septiembre en la agencia municipal de Cerro Pelón, donde incluso se anunció la firma de un acuerdo para disolución de la mancomunidad, así como los conflictos por el agua.
“Seguridad social, contrato laboral, salario digno, reconocimiento a sus derechos fundamentales, son algunos ejemplos de la deuda histórica que se tiene con un sector conformado principalmente por mujeres, quienes asumen el rol de atención y cuidado asignado socialmente a la población femenina y con su labor contribuyen a la productividad económica y generación de riqueza, pero qué al no ser reconocidas, son excluidas de sus beneficios”, recalcó.
En esta nueva relación de colaboración orientada a promover una política nacional de cuidados y exigir que se garantice la progresividad de los derechos de las trabajadoras del hogar, la secretaria colegiada del SINACTRAHO, Norma Palacios, expuso que el trabajo del hogar remunerado es una actividad principalmente femenina y estrechamente relacionada con la desigualdad que vive la población indígena en términos raciales, de clase social y de discriminación por su condición étnica y lingüística.
“En años recientes el tema se ha colocado en la mira de los estudios sobre discriminación, género e igualdad laboral, particularmente porque cerca de 10 por ciento de la población ocupada femenina en México se concentra en esta actividad y es discriminada por razones raciales o de origen étnico y de pobreza”, agregó.
Oaxaca tiene las cifras más altas de trabajadoras del hogar con 130 mil 461 mujeres, por lo que es imperante atender el respeto a los derechos humanos y laborales de cada una de ellas.
