Gibrán Ramírez Reyes*
Y Femsa con casi 5 mil millones, en ambos casos por el fraude del autoabasto. El debate mediático sobre la reforma eléctrica ha implicado una andanada brutal de supuestos especialistas que rehúyen lo fundamental, que enredan los debates en la jerga del sector para no aceptar la verdad: hay un sistema de saqueo organizado, protegido por las autoridades de algunas entidades del Estado y favorecido por leyes en la materia.
Lo que llama más la atención es el cinismo con el que Femsa se ha defendido del señalamiento de pagar tarifas menores a las de un ciudadano normal. En marzo pasado, Femsa explicó que 70 por ciento de las tiendas OXXO se abastece con energía renovable y dijo que se trataba de contratos legales y legítimos.
Eso no es verdad: constituyen un fraude a la ley. Femsa, dueño de OXXO, ha ido dejando huellas de dicha ilegalidad en el camino, en facturas, en estados financieros presentados a la Bolsa y en declaraciones cuando la CRE incrementó tarifas de porteo, donde se definieron como “consumidores finales” y afectados.
Es un tema complejo que quiero explicar brevemente: el artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Electricidad establece que habrá permisos de autoabastecimiento y cogeneración para la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales, pero al mismo tiempo prohíbe la compraventa de energía generada bajo ese esquema.
Es válido tener una planta y generar electricidad para uno mismo, desde negocios pequeños hasta parques industriales, pero no se vale poner plantas de generación, usar la red pública a un precio muy bajo y así subsidiar ganancias millonarias simulando “sociedades” empresariales cuando en realidad hay compraventa.
Quien lo hace comete fraude a la ley y daña el patrimonio público, sirviéndose de lo pagado por los más desfavorecidos. Desde los decenios pasados, la oligarquía de Nuevo León pervirtió esa figura.
En nuestros tiempos, Iberdrola llevó el saqueo a niveles estratosféricos. La sanción establecida en el artículo 40 de la misma ley es una multa de cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por cada kW de capacidad de la planta de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente o de pequeña producción o por cada kW vendido o consumido.
La capacidad total instalada bajo los esquemas de autoabasto y cogeneración que Iberdrola tiene contratada para su venta es de 3080.5 MW. Siendo el salario mínimo vigente de 123.22 pesos diarios, la sanción por un año de operación ilícita es de 37 mil 900 millones de pesos.
Si consideramos que se puede cobrar un máximo de cinco años de multa, dicha cantidad asciende a 189 mil 500 millones de pesos, mucho más de los 150 mil millones que dicen haber invertido. (Un gobierno más a la izquierda podría expropiarlos sin poner un peso). OXXO, cuyos gerentes se han sentido legitimados para atacar la reforma energética, tampoco cumple la ley.
Solo en agosto de 2021 porteó un total de 65 millones de kWh bajo estos esquemas, lo cual equivale a tener un mínimo de capacidad contratada de 88.798 kW. Esto se traduce en una multa de mil 94 millones de pesos por un año, y, como puede cobrarse un máximo de cinco años, su multa sería de 5 mil 470 millones de pesos.
Esto sería lo que les corresponde solo por el fraude y sus permisos deberían ser revocados.
*Doctor en ciencia política por la UNAM.
