Redacción/Zona Roja.
En el marco del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, inició una intensa campaña para defender tierras de proyectos nacionales e internacionales en la entidad.
“En todos los rincones del país y de nuestro estado avanzan las grandes obras extractivistas de minería, hidroeléctricas, agricultura industrial, refinerías, gasoductos, ‘fracking’, forestales, privatización del agua y la creación de conjuntos de megaproyectos y políticas de estado que atentan contra nuestra libre determinación y nuestros territorios”, expusieron activistas en un manifiesto.
Explicaron que algunos ya están en operación y ya han dejado devastación ambiental, división y muerte en nuestras comunidades.
En el Istmo de Tehuantepec se pretende consolidar el anhelado Megaproyecto del Istmo, llamado ahora Corredor Interoceánico, que consiste en la modernización y ampliación de las vías del ferrocarril, carreteras, puertos.
Así como la instalación de 10 parques industriales de 500 hectáreas cada uno atravesando 90 municipios pertenecientes a los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, en el que habitan 18 pueblos indígenas y originarios.
“Hoy en día nos vemos amenazados por este megaproyecto que históricamente ha ambicionado transformar la región en un corredor industrial, comercial, energético y militar, para servir de muro de contención para los hermanos migrantes, convirtiéndose en la frontera y aduana más importante del mundo, controlada por los grandes capitales.
“Este megaproyecto quiere ser el nudo que articule los “proyectos estrella” de la 4T como el mal llamado Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos, y toda la infraestructura energética que pretende interconectar estos y más megaproyectos en todo el país para abastecer el consumo energético de las grandes industrias y los mercados nacionales e internacionales”.
Agregaron que en la región Valles Centrales, el 2 de septiembre la compañía minera Cuzcatlán solicitó un nuevo permiso ambiental (MIA-R “actualización de obras y actividades”) con el cual pretende justificar 75 obras irregulares, y operar durante 10 años, desde 2021 hasta 2031.
“La compañía minera filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ya no cuenta con un permiso ambiental vigente para la explotación de su mina de plata y oro en Oaxaca. A partir de la negativa de las comunidades organizadas, se ha generado un clima de mucha tensión en los Valles Centrales, por lo que están en riesgo comunidades zapotecas que se oponen al proyecto minero San José y a las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en los Valles Centrales de Oaxaca”.
Explicaron que los “grupos antimineros” de los que hace mención la empresa, son autoridades locales (municipales y agrarias), quienes se han organizado a través del Frente No a la Minería, con la finalidad de defender nuestros derechos como Pueblos Indígenas: al territorio, a un medio ambiente sano, a la participación ciudadana y la libre determinación.
En la Sierra Sur de Oaxaca, asambleas y autoridades comunitarias se están organizando contra las concesiones mineras de 120 mil hectáreas que entregaron los gobiernos a las empresas sin informar ni consultar a nuestros pueblos.
En el caso del megaproyecto hidroeléctrico en Paso de la Reyna en la región Costa, expresaron su solidaridad y exigencia de justicia por los cinco defensores asesinados en 2021 y denunciaron que hasta el momento no existe ningún avance en las investigaciones ni en materia de seguridad.
“Todos estos megaproyectos se empezaron a imponer mediante concesiones sin consulta, consultas fraudulentas, compra de autoridades, contubernio del crimen organizado, militarización y asesinatos de defensores de la tierra y el territorio.
“Para lograrlo, dividen a nuestras comunidades, se violan todos los derechos humanos y ambientales y se pisotean flagrantemente los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas consagrados en los tratados internacionales”.
Por ello, indicaron, cuando los Pueblos se organizaron para resistir y defender territorios y con ellos nuestra existencia misma, “se nos criminaliza, se nos difama, minimiza, amenaza, persigue y asesina”.
“Pero nosotros estamos en pie de lucha en todos nuestros territorios con una gran diversidad de acciones organizativas, culturales, educativas, políticas, de rebeldía y de resistencia que dan esperanza. No permitiremos que continúe la destrucción de nuestro tejido comunitario y de nuestros bienes naturales, el desplazamiento de pueblos enteros, las fosas clandestinas y el eterno aumento de la pobreza”.
Se pronunciaron a favor de defender y definir el manejo de sus bienes naturales (maderables, minerales, agua, herbolarias, producción alimentaria, etc.) poniendo en el centro de la vida los saberes comunitarios que de forma ancestral han estado vinculados al territorio para ir transformando de acuerdo con su propia manera y en sus propios tiempos, como muchas generaciones lo han hecho.
“No permitiremos que se sigan violentando al igual como nuestra madre tierra. Exigimos un alto al alarmante aumento de los feminicidios y la violencia contra las mujeres en nuestro estado y nuestro país que se dan en el mismo contexto de violencia generalizada del sistema capitalista patriarcal que pretende someternos con sus proyectos de muerte”, recalcaron.
