Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de diciembre de 2021.- Por segunda ocasión, personal de las brigadas de vacunación en Oaxaca negó la inoculación contra Covid-19 a cinco menores de edad, entre ocho y 11 años, a pesar que cuentan con un amparo del Poder Judicial de la Federación.
Ante este desacato, la representante legal de los menores, Alma Franco Vargas, interpondrá dos denuncias penales, una por desacato judicial y otra por violencia psicoemocional hacia los infantes y padres de familia.
Este martes, los niños y niñas J.E.R.F., M.J.B.B.C., S.B.B.C., J.D.R., y S.S.Z., acompañados de sus padres y madres se presentaron en las instalaciones del Hospital Militar, en Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, donde se llevó a cabo la jornada para rezagados y donde instruyó asistir la autoridad judicial.
La instrucción para que el personal de enfermería no los vacunara fue emitida por el Coordinador de las Brigadas Especiales del operativo Correcaminos del Estado de Oaxaca, Raúl Peña Viveros, con la excusa que no contaban con vacunas pediátricas Pfizer Biontech, cuando estas no existen a nivel mundial y el biológico se aplica por dosis.
La noticia de esta negativa se ofreció luego de tres horas de espera y de haber llenado los formatos de vacunación para la primera dosis y las cartas responsivas por parte de los padres o tutores.
LOS HECHOS
Los niños y niñas arribaron al punto de vacunación cerca de las 08:15 de la mañana, sorteando una serie de bloqueos en la capital del estado.
Esta vez con la ilusión de sí ser inoculados, luego que el pasado 14 de diciembre también les negaron ese derecho de la salud.
Alegría y nervios envolvía a los menores de edad y a sus padres. Tres horas después, el personal de vacunación les indicó que no sería posible el proceso, lo que derrumbó una vez más la ilusión de los infantes para recibir la protección contra el virus.
“Es muy grave este desacato”, subrayó Franco Vargas, también madre de uno de los niños afectados.
La indicación del desacato por parte de Peña Viveros quedó grabada por los padres de familia, quienes procedieron primero a la destrucción de la documentación firmada para evitar ser manipulados y posteriormente procedieron a las denuncias correspondientes ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado.