Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de febrero de 2022.- Sin ningún avance que representa el regreso a su comunidad, siete familias mixes de San Pedro Chimaltepec, han vivido por un mes el desplazamiento obligado por intolerancia religiosa.
Son 30 integrantes de estas familias, entre ellos unos siete menores de edad, que desde el pasado 7 de enero fueron expulsados de su localidad perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán Mixe.
Lo anterior, luego de varios días de padecer hostigamiento y el encarcelamiento por parte del agente municipal, Sósimo Victorino Márquez, pues las personas de la iglesia evangélica no pagaron la mayodormía de la Virgen de la Soledad.
Desde ese entonces, la Secretaría General de Gobierno (Segego) ha mostrado total indiferencia al caso, con una actitud silenciosa que no abona a llegar a una conciliación con las autoridades locales para garantizar el regreso de estas familias, señaló el abogado de la Confraternidad de Pastores Evangélicos de Oaxaca, Porfirio Flores Zúñiga.
El representante legal de los afectados lamentó que el gobierno estatal mantenga esta postura a pesar de las diversas violaciones de derechos humanos y abusos de autoridad, de esta última falta, la Fiscalía General de Oaxaca también tiene conocimiento por medio de una denuncia formal, pero tampoco hay avances.
Las familias, que salieron sólo con lo que portaban, fueron recibidos por el pastor Cipriano Gazga Maldonado en la comunidad de la Nueva Esperanza del municipio de Guevea de Humboldt, quienes han sorteado los días con el apoyo de su comunidad religiosa y buscando labores alternas para generar ingresos.
Sin embargo, las familias temen ser despojadas de sus viviendas y tierras de cultivo al encontrarse solas y como parte de las represalias de las autoridades locales.
Los instrumentos musicales de su templo fueron robados y el lugar se encuentra cerrado.
El abogado apuntó que las personas expulsadas no se han negado a colaborar y participar con tequios y cooperaciones a favor de la comunidad, pero lo que ahora se pidió está fuera de sus creencias religiosas, lo cuál debe ser respetado.
De no encontrar atención de las autoridades estatales los afectados recurrirán a instancias federales en busca de solución y regreso seguro a su comunidad, agregó el representante legal.