Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., El fiscal Anticorrupción del Estado de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, aseguró que aún opera sin recursos ni personal suficiente ni autonomía, pese a que el Congreso del Estado le otorgó autonomía plena. Por el contrario, sigue dependiendo de la Fiscalía General del Estado, que no le asigna ni presupuesto ni recursos humanos.
Lo anterior lo afirmó en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción al interior del Congreso local, en donde entregó por escrito y de manera presencial su informe de actividades del primer semestre de este año.
Iruegas Álvarez explicó que la Fiscalía a su cargo no está considerada como unidad ejecutora para el presente ejercicio fiscal 2019; no cuenta con presupuesto asignado y las acciones deben sujetarse a la disponibilidad presupuestal de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez.
Explicó que hasta el día de hoy no se ha dado cumplimiento al artículo tercero transitorio del Decreto 1544 aprobado en agosto del 2018 por la LXIII Legislatura que establece la obligatoriedad de las modificaciones al Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Estado, conforme a la estructura de dicho decreto que le permitiría obtener presupuesto propio y autónoma de acción.
Por lo anterior, solicitó a las instancias correspondientes que se respete, cumpla, garantice y materialice, de una vez por todas, la autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión que por ley le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca.
Así mismo, la asignación de presupuesto por parte del Congreso local y adscripción de personal que le permita a la instancia que se encuentra a su cargo realizar las acciones para las que fue diseñada sin ningún tipo de limitación, como a las que hasta ahora se ha enfrentado al depender de la Fiscalía General del Estado.
«Es una contradicción que el Congreso nombre al Fiscal Anticorrupción y este no pueda nombrar a su personal; lo hace el Fiscal General, quien entonces debería responsabilizarse del actuar del mismo, pareciera que sistemática se pretende debilitar el trabajo de la fiscalía a mi cargo al reducir el personal asignado al área», dijo.
El debilitamiento de la fiscalía, de acuerdo con Iruegas Álvarez, se puede ver en la reducción de ministerios públicos, nueve actualmente, son muy pocos para dar atención a las más de dos mil carpetas que se han integrado por casos que podrían configurarse como actos de corrupción en el estado, así como la reducción de su sueldo y de parte de su personal por órdenes del fiscal Rubén Vasconcelos.
«Yo lo único que puedo mencionar es que desde la llegada al cargo he hecho lo posible para materializar el trabajar de la Fiscalía, sin embargo al no contar con autonomía de operación y presupuesto, consolidar el combate a la corrupción se ha vuelto un tema complejo y con poco respaldo por parte de las autoridades responsables», concluyó.
