Adán Córdova Trujillo*
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus “mañaneras”, señaló que un particular recibe millones de pesos por diversas fuentes.
Durante los siguientes días trascendió el “uso de datos personales de un particular” y como de costumbre, la polarización de las opiniones se dio en dos sentidos, quienes consideraron violatorios de derechos los señalamientos del presidente y quienes consideraron que no sucede tal situación.
Para una mejor consideración sobre el tema, vale la pena observar los siguientes elementos:
– El presidente no señala una fuente pública o particular por la que se obtuvieron los datos; argumenta que uno de los 50 millones de ciudadanos afines a su investidura le enviaron esos datos.
– Llama al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Nacional de Acceso a la Información para que le verifiquen los datos.
– La Ley Federal de Protección de Datos Personales considera como sujetos regulados por esa ley a las sociedades de información crediticia y a las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, supuestos bajo los cuales no se encuentra el Presidente de la República.
Es deseable separar los asuntos privados de la esfera gubernamental, evitar que lo personal distraiga el ejercicio o la función pública, pero si no fuese posible, se debe recordar que lo que se hace público tiene impactos diversos.
Es irresponsable, de quien sabiendo que tiene una alta afinidad y popularidad con la ciudadanía usa información sin considerar si es verdadera o no, aunado a los altos niveles de inseguridad que consideran a nuestro país uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
Estos hechos no sólo impactan en el particular, también colocan en un estado de indefensión a sus hijos, esposa, padre o madre, frente a la delincuencia o bien a grupos de extrema afinidad hacia el mandatario.
Todo aquello que no se pueda comprobar no puede ser calificado como verdadero, todo aquello que no es verdadero y se difunde, no merece mayor adjetivo que el de chisme.
No se trata de creer o no creer, porque los poderes del Estado no son la iglesia para creer en ellos, son instituciones públicas que están obligadas a la veracidad de su información y a la argumentación de sus decisiones.
Existe una línea muy delgada entre el morbo y el interés, entre los dichos y su acreditación, entre lo que es de interés público y los distractores; es deseable, que no sea el morbo lo que nos apegue a los dichos para no distraernos de lo que realmente importa.
Sucesos entre particulares, distraen la atención de los verdaderos problemas públicos, la inseguridad, salud, corrupción, migración.
Los ciudadanos debemos ser exigentes con los servidores y las instituciones públicas, con la veracidad de las fuentes sobre la información que emiten para evitar que nuestra opinión sea sesgada, utilizada o manipulada por quienes ostentan el poder de la publicidad o nuestra afinidad.
* El autor es Integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción; catedrático y coordinador del Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la FDCS/UABJO.
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Fb: Adán Córdova
