Gibrán Ramírez Reyes*
Por la correlación de fuerzas legislativas, México enfrenta un escenario de posible parálisis política institucional, que junto con otros factores, marcará el tono del fin del sexenio.
Ninguna fuerza política puede hacer avanzar su agenda —la oposición ni siquiera la tiene—, ni hay condiciones para pensar que esto sucederá en los próximos dos años. Esa parálisis política no se superó mediante el diálogo o el acuerdo, que el PAN dio por cancelado con la Secretaría de Gobernación y que el secretario de Gobernación dio por cancelado también con todo mundo mediante su giro discursivo y su participación abierta y decidida en mítines donde incluso ha confrontado a gobernadores de la oposición.
El Presidente apostó, para romper la parálisis, por la movilización popular de un voto de confianza mediante el referéndum revocatorio —descansando para ello en estructuras del partido, la sociedad civil y el gobierno.
La oposición actuó, por primera vez, de modo más o menos inteligente y optó por la abstención, por pedirle al Presidente que se quede con su mandato y con su desgaste, porque no tenían ninguna posibilidad de ganarle.
Los resultados de este ejercicio son forzosamente ambiguos, pero en ninguna de las posibilidades rompen el empate: pueden ser interpretados como un éxito absoluto solo si se miden con el referéndum pasado, porque es la primera vez que se ejerce un instrumento de democracia participativa de ese tipo; se pueden considerar, asimismo, como un testimonio de la pérdida de fuerza del partido en el gobierno, dado que se tuvieron menos votos que la coalición y partidos obradoristas en la elección intermedia de 2021; o hay quien puede interpretarlos como un fracaso absoluto, el paso de los 31 millones de votos de 2018 a casi la mitad, un número de votos más cercano al que tuvo Ricardo Anaya.
Dado que el revocatorio no rompió el empate de fuerzas, no tuvo una participación que intimide a la oposición sino que, al contrario, la apodera, comenzará una contraofensiva para revertir desde ahora los cambios generados por López Obrador y que disgustaron tanto a las élites en el escenario del poder judicial, como se intentó hace unos días en el caso de la Ley de la Industria Eléctrica cuya constitucionalidad fue validada con una apretada defensa en la Suprema Corte.
Quienes apuestan más firmemente por la parálisis son el PAN, el gobierno de Estados Unidos, las trasnacionales energéticas que buscan frenar la reforma constitucional y el INE —que busca frenar la reforma política—.
Como sucedió en el Tribunal Electoral, actores que comenzaron el sexenio con la mayor de las docilidades, tenderán a rebelarse cada vez más ante la Presidencia de la República sin ofrecer alguna alternativa más o menos clara.
Si no se opta de ambos lados por corregir la ruta, si no se sortea este escenario con acuerdos para los dos últimos años del gobierno de López Obrador, enfrentaremos un escenario de crisis de fin de sexenio, con una oposición más envalentonada, árbitros menos imparciales, una Presidencia debilitada políticamente, endurecida por lo tanto, con un núcleo de apoyo muy sólido —endurecido también—, pero menos numeroso.
*Doctor en ciencia política por la UNAM.
@gibranrr
