Redacción/Estado 20.
Oaxaca de Juárez, Oax., 26 de mayo de 2022.- El Estado mexicano dejó evidencias escandalosas de haber sido el responsable directo de la desaparición forzada de dos luchadores sociales aquel 25 de mayo de 2007: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El primero de ellos, considerado parte de la dirigencia de ese movimiento armado, difundió en su cuenta oficial, la organización Servicios para una Educación Alternativa A.C., a 15 años de su desaparición.
Hoy (ayer) se cumplen dijo, 15 años de que, el Ejército Mexicano encabezó en la ciudad capital de Oaxaca toda una operación militar para detener y desaparecer a los también integrantes de la cúpula política de esa guerrilla: el Partido Democrático Popular Revolucionario.
«En tal maniobra, efectuada en un modesto hotel, participó un escuadrón de fusileros con sus 37 soldados y dos oficiales, elementos del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y decenas de efectivos de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública del estado. Todos ellos para detener a dos personas».
La operación abundaron fue coordinada desde el Estado Mayor de la Defensa Nacional, es decir, inteligencia militar, como reconoció la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Comisión de Mediación (Comed, integrada en su momento para buscar a los activistas e intermediar entre el gobierno federal y el EPR).
Por la salud del país, por el derecho a la justicia de Gabriel Alberto, Edmundo y sus familiares, y por la sociedad mexicana que merece saber qué ocurrió, es necesario que se reabra y se resuelva este caso, afirma Zósimo Camacho en su nota.
Del caso, indica hay ocho detenidos en diversos penales federales y dos prófugos, entre ellos el exprocurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez y el entonces subdirector de la Ministerial, Hernández Hernández.
Por su parte, el Comité Cerezo solicita firmas como organización o como persona solidaria para entregar una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque “a dos años que el caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se tiene ninguna respuesta favorable por parte de la Ministra ponente”.
