Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de septiembre de 2019.- Las autoridades municipales son las que más violan los derechos humanos de la población y hasta ahora no hay castigos ejemplares.
De acuerdo con un informe estadístico de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, del 1 de enero al 31 de agosto de 2019, inició dos 299 expedientes de queja; las instancias más señaladas fueron los ayuntamientos, con 876 casos, seguidos de lejos por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con 368,
En tanto, la Fiscalía General del Estado, con 256. Así, las autoridades municipales fueron señaladas en 38 por ciento de los casos en los que se inició un expediente de queja.
Las violaciones más recurrentes fueron al derecho a la legalidad, en 635 casos, de los cuales el acto violatorio más recurrente fue la falta o deficiencia en la fundamentación o motivación de los actos de autoridad, con 423 casos.
Pero es de destacarse la violación genérica recurrente que le sigue: el derecho a la “libertad deambulatoria”, con 199 casos, de los cuales en 140 el acto violatorio consistió en detención arbitraria.
En el informe estadístico 2018 del mismo organismo se da cuenta de un total de tres mil 317 expedientes de queja iniciados ese año, de los cuales 1267 fueron por actos u omisiones de autoridades municipales, es decir también 38 por ciento de los casos.
Ese año la violación genérica más recurrente fue también el derecho a la seguridad jurídica, en mil 293 casos, de los cuales el acto violatorio más recurrente fue igualmente la falta o deficiencia en la fundamentación o motivación, con mil 150 casos.
Aunque para ese año la segunda violación recurrente es distinta, “Derecho a la libertad y seguridad personales”, se observa que el segundo acto violatorio más recurrente sigue siendo la detención arbitraria, con 172 casos.
De acuerdo con la misma instancia, en 2017 fueron iniciados tres 294 expedientes de queja, y las autoridades más señaladas fueron nuevamente las municipales, con mil 369 casos, que representan 41.5 por ciento del total.
URGE SANCIÓN
“Además de ello, frecuentemente llegan al Congreso del Estado denuncias de particulares contra autoridades municipales que no han cumplido resoluciones judiciales relacionadas con violaciones a derechos humanos”, señaló la diputada por el Partido Morena, Magaly López Domínguez.
Por ello, presentó al pleno una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, con el que se busca facilitar el proceso de desaparición del ayuntamiento al que se haya comprobado que violó de manera reiterada los derechos humanos, así como la suspensión y la revocación del mandato de los funcionarios que estén en ese mismo supuesto.
Con la reforma al artículo 58 de la Ley referida, planteada por la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 64 Legislatura, dichas violaciones deberán ser determinas por resolución o resoluciones judiciales, es decir de los juicios de amparo en las que se haya determinado que la autoridad municipal es responsable de violaciones a derechos humanos.
Resolución o resoluciones del organismo autónomo en la materia, que en este caso es la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; del organismo nacional, es decir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o de instancias intergubernamentales, como podrían ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o los grupos de trabajo o comités especializados de la Organización de las Naciones Unidas, como los destinados a la tortura, la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial.
López Domínguez también planteó reformas al artículo 60, con lo que se busca adicionar una fracción para incluir, entre las causas graves para la suspensión del mandato de algún miembro del ayuntamiento, el incumplimiento de una resolución judicial en materia de derechos humanos; es decir, el no acatar una resolución de juez, en un juicio de amparo en el que se haya determinado violación a derechos humanos.
La legisladora de Morena advierte que con este conjunto de reformas busca evitar que continúen en el poder personas que deberían estar en la cárcel.
La propuesta de López Domínguez fue turnada para su análisis al interior de las Comisiones Permanentes de la 64 Legislatura para su posible aprobación en días próximos.
