Gibrán Ramírez Reyes*
A raíz de la pandemia, departamentos que estaban en renta en algunas de las colonias tradicionales de las clases medias de la Ciudad de México se vaciaron de inquilinos.
Contrario a lo que se podría pensar, los dueños no bajaron los precios para que estos se volvieran a ocupar, sino que prefirieron tenerlos vacíos o encontraron nuevas formas de hacer negocio.
En ese camino, los propietarios de inmuebles en las colonias Condesa, Roma, Del Valle, y otras similares, encontraron la opción de cambiar la modalidad de alquiler, migrando de rentar a inquilinos de largo plazo a plataformas intermediarias como Airbnb.
Así, rentan algunos días del mes o temporadas más largas, pero con mayores precios y más control sobre su propiedad. Si llegan inquilinos que pretendan contratos más largos, entonces han de ajustarse a precios más elevados.
También a raíz de la pandemia, incrementó la movilidad de trabajadores que dependen sólo de una computadora para realizar sus actividades, causando una migración (¿temporal?) de estadunidenses y europeos a esas colonias privilegiadas con costos para ellos accesibles.
El resultado es que en no pocos restaurantes y cafés de la Roma y Condesa es frecuente que haya mayorías angloparlantes; una mañana de domingo el parque México suena primordialmente en inglés y se camina descalzo, la economía local ha incrementado sus precios y hay –por ejemplo— guarderías tan costosas como la Universidad Iberoamericana, dado que se ha abierto un mercado ventajoso para quienes ganan en euros y dólares pero viven ahora en México y gastan en pesos.
Las colonias céntricas siempre han sido cosmopolitas y plurales, y aun así el cambio es muy notorio. Los principales ganadores de esa situación, como siempre, son quizá solo los dueños de comercios que, aunque han incrementado sus precios, no han incrementado los salarios de sus trabajadores.
Cuando se antepone su calidad de mercancía a la de derecho, la oferta de vivienda genera una nueva dinámica de desplazamiento. La crisis económica desplazó a miles de personas a viviendas más baratas, menos céntricas, con menos servicios públicos y menor calidad de vida.
Como siempre sucede, la ciudad ha empujado a los pobres hacia las periferias y hace cada vez más inaccesible la vivienda para las personas jóvenes. Otro problema es la desigualdad migratoria.
Mientras es estricto el control que ejercen los Estados Unidos, la migración de Estados Unidos hacia México está totalmente descontrolada. Mientras los trabajadores mexicanos necesitan comprar un número de seguridad social en el mercado negro para pagar impuestos de los que poco se benefician en los Estados Unidos, los migrantes estadunidenses tributan solamente en sus países de origen, pero se benefician de zonas que concentran el gasto en servicios públicos de las alcaldías.
La legislación sobre arrendamiento de vivienda debe reescribirse considerando estas realidades. Se supone que somos gobernados por la izquierda.
Además de regular y limitar la multipropiedad de casas y departamentos, deberían privilegiarse los contratos de largo plazo para mexicanos y residentes permanentes, con topes a los montos.
Las rentas a población extranjera, por su parte, deben implicar también impuestos que financien los costosos servicios urbanos de los que gozan.
*Doctor en ciencia política por la UNAM.
@gibranrr
