Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 19 de julio de 2022.- La desgracia, la injusticia, la indiferencia gubernamental envolvió una vez más a las familias desplazadas de la localidad de Guadalupe Victoria, de San Juan Juquila Mixe, que hoy lloran a sus tres muertos.
De forma consecutiva, en el transcurso del pasado 14 de julio al 17 de julio, se reportó el asesinato de tres personas; una de ellas el defensor de los desplazados y ex agente municipal de Guadalupe Victoria, Crispín Reyes Pablo, de 60 años.
Mientras que en otro hecho, el de dos adultos mayores identificados como Porfirio José Avelino, de 88 años, y su esposa Epifanía Hernández, de 78 años de edad, dentro de su vivienda en Guadalupe Victoria.
A la llegada de los cuerpos de la pareja de ancianos a Juquila Mixe la tarde de este lunes, el ambiente se envolvió de llanto, pero también de coraje, rabia y frustración por la injusticia, a las violaciones a sus derechos, a la vida, a lo que ha sido indiferente el gobierno desde hace cinco años, cuando fueron desplazados.
RECLAMO Y LLANTO
La población desplazada recibió a sus muertos; los lamentos no cesaron; mujeres, niñas y jóvenes se abrazaron para recibir consuelo mutuo; rostros desencajados, descompuestos en una profunda tristeza y dolor se veían en cualquier parte.
Los cuerpos llegaron a bordo de la batea de una camioneta, envueltos en hules negros, amarrados sobre una palanca; era un solo bulto.
A pie del vehículo, rodeado por los dolientes, llegaron dos sencillos ataúdes en tonos gris.
El día es frío; no hay abrigo que caliente; sobre la puerta de una casa, un enorme moño negro anunció el luto que se vive desde ahora. Afuera, en el patio, comen los visitantes, entre ellos, personal de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Si como Gobernación hubieran actuado, mi padre no hubiera muerto, pero ahora les corresponde el trabajo”, reclamó en una reunión la noche de ayer la hija del ex defensor de los desplazados.
La mujer recordó que su padre, Crispín Reyes Pablo, era un hombre que no tenía problemas con nadie y por eso el pueblo lo eligió como agente municipal, al tiempo que se convirtió en el defensor de su comunidad; esa labor, dijo, lo llevó a la muerte.
Pero no fue la única que reclamó, hombres y mujeres sentenciaron que el gobierno de Oaxaca, en especial la Secretaría General de Gobierno, y el gobierno federal, nunca han puesto atención a sus demandas de justicia.
“No es justo, nos vamos a poner de acuerdo para que el gobierno nos haga caso”, sentenció otra habitante afectada ante las autoridades de Gobernación e integrantes de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que también llegaron al lugar.
Crispín Reyes, asesinado el 14 de julio alrededor de las 14:00 horas en un paraje cercano a la comunidad de Juquila Mixe, cerca del Cerro Pelón, realizó las gestiones posibles para encontrar paz y solución al problema agrario con la comunidad de San Pedro Ocotepec, pero grupos radicales de esa comunidad se opusieron siempre, recordó uno de los habitantes de Guadalupe Victoria que luchó junto al defensor.
ANTECEDENTE
Desde el año 2017, unas 530 personas que integran 128 familias de la comunidad de Guadalupe Victoria Mixe fueron desplazadas de forma obligada por un grupo violento de Ocotepec tras el fallo del Tribunal Unitario Agrario que les concedió los derechos de posesión de la localidad de Guadalupe Victoria a la cabecera de San Juan Juquila Mixe.
Los reclamos para un regreso seguro empezaron desde ese entonces sin eco para el gobierno estatal, a quien nuevamente en julio del 2021 volvieron a exigir atención y justicia sobre su desplazamiento.
Tras el asesinato del defensor, la DDHPO dictó medidas cautelares para las 128 familias desplazadas de Juquila Mixe.
Por lo que demandó a la Fiscalía General de Oaxaca medidas de protección as a las personas que resulten víctimas directas e indirectas del hecho.
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