Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de septiembre de 2022.- La zozobra sobre la salud de 10 campesinos retenidos de Santiago Progreso, Valle Nacional, se ha internado en sus hogares; sus hijos preguntan por ellos sin que las madres, esposas, sepan qué responder.
Desde hace 11 días, Francisco Javier junto a nueve ciudadanos más fueron retenidos, sin razón, por pobladores de San Pedro Ozumacín del municipio de Ayotzintepec, con quien comparten área ejidal. Sus familias nos los han vuelto a ver, ni saber su estado de salud, físico o mental.
Bloqueos, manifestaciones, y por la vía del diálogo, sus esposas, familiares y vecinos han buscado su liberación, sin tener atención de la Secretaría General de Gobierno.
A casi dos semanas de los hechos, Juliana – esposa de Francisco- junto con otras madres y esposas claman por la libertad de los encarcelados.
Sus hijos e hijas son las otras víctimas de este delito. Desde hace 11 días preguntan cuándo volverán por sus padres, mientras la incertidumbre sobre su condición crece.
“Los niños preguntan por sus padres. No sabemos dónde están, cómo están. Que tengan un poco de conciencia, porque nosotras ni los niños tienen la culpa”, expresó entre lágrimas Juliana, durante conferencia de prensa, a puerta del Palacio de Gobierno en la capital.
La desatención gubernamental, desde lo municipal a lo estatal los llevó hasta la capital, por segunda ocasión, para exigir la liberación.
Las esposas no los han visto, no cuentan con seguridad ni garantías para poder ver a los padres de sus hijos; llevarles alimento y ropa. Tienen miedo a ser retenidas y que sus hijos queden en el desamparo.
Es el trabajo diario de cada campesino el sustento de las familias, pero desde hace 11 días las condiciones han cambiado; también carecen de un sustento.
“S cometieron un delito, que sea con la justicia –autoridades- donde paguen, no con ellos”, dicen desesperadas las mujeres.
Las autoridades locales y agrarias de Ozumacín tampoco se han comunicado con las familias de los retenidos.
COMPLICIDAD
La falta de respuestas los obliga a concluir en que existe complicidad de la Segego y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
La sentencia del Juez Quinto de Distrito ordena la liberación, lo cual ha sido desatendido por segunda vez por el agente municipal de Ozumacín, Anselmo Pérez; el comisariado ejidal, Maurino Luna y de Comité de Vigilancia, Sergio Méndez.
Ninguna autoridad interviene para que se cumpla la orden, y al contrario, respaldan la propuesta de Ozumacín para que las negociaciones sean en su comunidad, pues se han resistido a participar en mesas de diálogo en oficinas de gobierno.
