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Azuza FPR retención de 10 personas en Ozumacín; esposas inician huelga de hambre

por Agencia Zona Roja

Yuridiana Sosa/ Zona Roja.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 21 de septiembre de 2022.- Desde hace 20 días, la Secretaría General de Gobierno no ha logrado la liberación de 10 pobladores de Santiago Progreso, Valle Nacional, retenidos en San Pedro Ozumacin, Ayotzintepec, en la Cuenca, por lo que cuatro esposas de los afectados iniciaron una huelga de hambre en la capital del estado.

Las familias afectadas, en voz de Viridiana Luna Pérez y Constantino Santiago Cruz, señalaron en conferencia de prensa en la capital que el conflicto que ahora se torna a ser agrario, es azuzado por la organización Frente Popular Revolucionario (FPR) que lidera en la zona Efraín Esteban Hernández

El líder del FPR quien por medio de sus vecinos de Ozumacín comete, presuntamente, actos de represión luego que la comunidad de Santiago Progreso se retiró de la organización, pues nunca antes se había registrado problemas entre ambas poblaciones, que a pesar de pertenecer a municipio diferentes comparten un mismo núcleo ejidal, apuntaron.

Desesperados por obtener la liberación de los 10 habitantes indígenas, Paula, Natalia Hernández, Adriana Martínez y Nancy, iniciaron una huelga de hambre a puerta del Palacio de Gobierno, en la capital del estado.

Las mujeres exigen una mesa de diálogo con el gobernador Alejandro Murat, pues desde la Segego no se ha logrado ningún avance, e incluso, señalan que la Defensoría Pública del Gobierno Estatal apoya y asesora a los habitantes de Ozumacin.

De la misma forma, demandaron a la Fiscalía General de Oaxaca a liberar órdenes de aprehensión contras las autoridades municipales y ejidatarias que citaron y encarcelaron en su comunidad a los 10 hombres. 

 Viridiana Luna Pérez apuntó que desde hace 20 días no tiene contacto con sus familiares, que desconocen su estado de salud, y preocupa las condiciones insalubres en las que se encuentran encarcelados en las instalaciones de la agencia de San Pedro Ozumacin. 

“El gobierno permite los atropellos a los derechos humanos”, apuntaron al sostener que la retención es ilegal, además que los habitantes de Valle Nacional no cometieron ningún delito.

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