Alejandro Juárez/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 20 de octubre de 2022.- Transeúntes, usuarios del transporte público, trabajadores de obras públicas, e incluso, periodistas, bomberos, policías y hasta las mismas autoridades gubernamentales han sido víctimas de actos violentos cometidos por integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), durante los últimos tres años.
Todo ello sin que alguno de esos hechos dé pie a investigaciones y aprehensión los responsables, o que el Gobierno del Estado replantee los convenios laborales que mantiene con ese sector.
La agresión más reciente de la agrupación que a nivel nacional encabeza Pedro Haces Barba, y estatal Jaime Paz López, se registró este martes, 18 de octubre, cuando alrededor de 30 agremiados de la CATEM sometieron e intimidaron a dos periodistas, Ismael García y Julián Velasco.
Las víctimas habían acudido a las riberas del río Atoyac a cubrir una conferencia de prensa organizada por los vecinos de esa zona, quienes acusaron a la organización de generar un foco de infección tras haber instalado un tiradero clandestino y al aire libre en los bordes del área natural.
Al terminar la conferencia, los sujetos se acercaron a un grupo de periodistas e intentaron arrebatarles sus dispositivos móviles a dos de ellos, quienes se identificaron como periodistas y comenzaron a grabar los hechos.
No conformes con la agresión a los comunicadores, los sujetos adheridos a esta organización también agredieron a un hombre que estaba descargando un camión cerca de la zona, y a éste sí lograron quitarle a celular. No obstante, policías intervinieron y «convencieron» al responsable del delito de robo de devolver el dispositivo. El sujeto, sin temor alguno, hizo lo solicitado, y se retiró libremente del lugar.
Aunque los hechos se documentaron, había testigos, grabaciones y las víctimas aún hallaban en el lugar, ni la policía municipal de Oaxaca de Juárez ni los elementos de la Policía Estatal aprehendieron a algún responsable.
AGRESIÓN TRAS AGRESIÓN
Este último caso se suma a una serie de actos violentos en los que integrantes de la CATEM han agredido a los representantes de los medios de comunicación con el objetivo de entorpecer la labor informativa.
En múltiples ocasiones la intención de los agremiados ha sido intentar robar o destruir el equipo con el que reporteros y reporteras graban eventos que pueden exhibir la anarquía con la que manejan los integrantes de esta organización que ha caminado con el Gobierno del Estado.
A penas, en febrero pasado, integrantes de CATEM agredieron a un reportero, Javier Santiago, quien se hallaba cubriendo un bloqueo de normalistas. Los hechos se registraron cuando los manifestantes bloquearon la carretera Oaxaca-México, a la altura de San Pablo, Etla, y un grupo de sujetos encapuchados, quienes posteriormente fueron identificados cómo miembros de la organización desalojó con violencia a los estudiantes.
En medio de esos actos, un reportero que grababa la forma de operar de ese grupo, fue golpeado y su equipo de trabajo fue dañado.
En diciembre pasado, integrantes de CATEM acudieron a desalojar a un grupo de trabajadores del ayuntamiento de Huajuapan de León, quienes llevaban 12 horas de protesta y toma de oficinas municipales.
Los sujetos arribaron al palacio efectuando disparos al aire libre, lanzando cohetones y agredieron física y verbalmente a quienes se hallaban en el lugar, tanto manifestantes, como transeúntes y comunicadores.
En los hechos, tres periodistas fueron agredidos Leslie Aguilar, Francisco Ortiz y Álvaro Medina, mientras cubrían los hechos violentos. Medina, además, sufrió el robo de su equipo de trabajo.
Durante las agresiones, los elementos de la policía municipal y la Estatal que se hallaban en la zona, se mantuvieron al margen de los hechos, y hasta la fecha, ninguna persona ha sido detenida por ese desalojo que dejó dos personas con lesiones graves.
Hace dos años, en noviembre de 2020, integrantes de la Confederación, bloquearon las oficinas del Tribunal Unitario Agrario, luego de haber sido fueron contratados para impedir la celebración de una audiencia, y cuando un grupo de reporteros arribo al lugar para dar cobertura a la toma de las oficinas, fueron golpeados por los sujetos.
Al menos 11 reporteros resultaron con lesiones y daños en sus equipos de trabajo, otros más, incluso, con pérdidas totales.
COLONOS EN PELIGRO
Las operaciones señaladas contra CATEM no solo involucran la integración de grupos de choque para desalojos, generación violencia y agresiones a reporteros y transeúntes. La organización también ha sido señalada de hechos delictivos mayores en determinados municipios y colonias.
En junio del 2020, habitantes del municipio de San Francisco Telixtlahuaca, ubicado en la región de Valles Centrales, denunciaron que taxistas agremiados a la CATEM se dedican al traslado de migrantes indocumentados en la zona.
Los denunciantes pidieron intervención inmediata de las autoridades, pues señalaron que en las ocasiones que cuestionaron a los conductores, recibieron hasta amenazas de muerte. Los inconformes no recibieron respuesta gubernamental.
En junio de 2021, representantes del Comité de Vida Vecinal “Unidos contra las injusticias” de la agencia municipal Santa Rosa Panzacola, perteneciente al municipio capitalino, denunciaron que mototaxistas afiliados a la CATEM comenzaron a realizar cobros de piso, e intimidar a los comerciantes, además de agredir a los colonos que cuestionaban su forma de actuar.
Incluso, los vecinos exigieron a la Fiscalía General la liberación de órdenes de aprehensión contra sujetos que agredieron a un presidente del Comité Vecinal, pero está detención nunca se efectuó.
HASTA BOMBEROS
Con el paso del tiempo, cada vez son más los sectores que se han sumado a la exigencia de indagatorias y castigos contra los grupos de CATEM acusados de extorsionar, amedrentar, golpear y hasta retener a vecinos, periodistas y hasta los propios trabajadores gubernamentales.
En agosto de 2020, los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil en el municipio de Huajuapan de León fueron retenidos por un grupo de sujetos identificados como integrantes de la CATEM.
En esa ocasión, los servicios de emergencias en ese municipio quedaron paralizados, pues bomberos y personal de primeros auxilios que brindan servicio en ese territorio fueron privados temporalmente de su libertad.
Los miembros de CATEM argumentaron que habían sido contratados por brigadistas de la Comisión Nacional forestal (Conafor) para exigir pagos y contrataciones.
Luego de que se instalarán mesas de negociación con los inconformes, los bomberos, policías y personal de primeros auxilios fueron liberados, sin que las autoridades judiciales sancionaran a algún integrante del grupo agresor.
El hecho más reciente que ha sido cuestionado por la ciudadanía como una muestra del poder de CATEM incluso ante trabajadores gubernamentales ocurrió en septiembre pasado, cuando personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue agredido por recolectores de basura particulares afiliados a la CATEM.
Los trabajadores federales habían acudido a verificar el estado del tiradero clandestino ubicado en las riberas del Río Atoyac, creado por la organización tras el cierre del basurero de la Villa de Zaachila.
El personal de la Profepa pretendía documentar el riesgo sanitario que se presenta en esa área, cuando fueron acorralados y amenazados por los trabajadores de CATEM, y para evitar una posible agresión, se retiraron del lugar sin culminar sus indagatorias en el tiradero.
La Profepa informó que presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República. En tanto, la Fiscalía del Estado no tomó acción contundente alguna ante este hecho; por el contrario, los agravios se intensificaron con la ampliación de los tiraderos a cielo abierto y con este último atentado contra la libertad de prensa.
