Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 29 de diciembre de 2022.- Pese a las denuncias públicas y a la intervención de organismos de derechos humanos, un grupo de personas, entre ellas un bebé, continúan retenidas ilegalmente desde hace siete meses por autoridades de Santo Domingo Teojomulco, municipio de la región Sierra Sur de Oaxaca.
En un comunicado, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), señaló que desde que tuvo conocimiento de la detención de dos personas en Santo Domingo Teojomulco (en octubre de 2022), quienes fueron sancionadas por un presunto desvío de recursos de la gasolinera comunitaria, la dictó medidas cautelares.
Apuntó que, a través del expediente DDHPO/1609/(20)/OAX/2022 solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado, iniciar una carpeta de investigación por privación de la libertad; además de solicitar a la entonces Secretaría General de Gobierno (Segego), llevar a cabo mesas de negociación, así como mediación para lograr salidas alternas al presente conflicto.
La institución también requirió al municipio de Teojomulco que rindiera un informe sobre los hechos que se les atribuyen, además de abstenerse de causar actos violatorios a los derechos humanos contra las dos personas detenidas, así como a sus familiares.
De igual forma, la DDHPO señaló que desafortunadamente, al igual que en Teojomulco, existen otros municipios al interior del estado que, amparados en un incorrecto uso de la jurisdicción indígena han puesto en riesgo derechos de niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres, razón por la cual se vuelve fundamental señalar esos excesos.
En un comunicado emitido anoche, puntualizó:
“Y es que, si bien es cierto que el Estado mexicano reconoce el derecho que tienen las autoridades de las comunidades indígenas para desempeñar funciones jurisdiccionales dentro de su territorio y de acuerdo a sus usos y costumbres, así como con sus sistemas normativos, también lo es que, dicha jurisdicción tiene límites constitucionales y convencionales”.
Consideró que, los actos, hechos, sucesos, determinaciones o resoluciones producto de la jurisdicción indígena no deben ser contrarios a las normas que protegen valores esenciales compartidos por la comunidad internacional.
Indicó que si bien respeta la facultad de que tiene la comunidad para resolver los conflictos dentro de su territorio, sus resoluciones deben ser cuidadosas de no violentar derechos de grupos de atención prioritaria como lo son las niñas, niños y las mujeres.
En este sentido, reconoció que la jurisdicción indígena debe evitar que, con sus resoluciones se fomenten prácticas que reproduzcan conductas violentas en contra de las mujeres de sus localidades, por lo cual los llamó a buscar salidas alternas a este tipo de conflictos.
De igual forma, el organismo autónomo señaló que si bien es un derecho de una madre privada de la libertad tener a su hijo/a con ella, también lo es que ninguna prisión es un espacio digno para que las niñas y niños puedan desarrollarse física, social y emocionalmente de forma adecuada.
Por otra parte, esta institución ha documentado que las cárceles municipales son centros que carecen de condiciones de higiene, espacios adecuados, energía eléctrica, separación entre hombres y mujeres, por lo que recientemente emitió una recomendación general por defunciones en estos espacios.
“De ahí la preocupación de que personas en condiciones de atención prioritaria se encuentren privadas de la libertad desde hace meses en la cárcel de Teojomulco, lo cual pone un nuevo precedente de actos graves de violaciones a derechos humanos que se pueden registrar en los centros de detención municipal.
“La Defensoría sigue integrando su expediente de investigación en relación a este caso y se pronunciará próximamente por las probables violaciones a derechos humanos cometidas”.
