Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de octubre de 2019.- Integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Gratuita y los Derechos Humanos, iniciaron este lunes una jornada de lucha contra la impunidad, a fin de denunciar las violaciones a derechos humanos que sufren los pueblos originarios de Oaxaca.
Desde temprana hora de este lunes se apoderaron de la caseta de cobro de la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura de la localidad de San Pablo Huitzo, para exigir la destitución del fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, a quien acusan de contar con nexos con el crimen organizado y grupos paramilitares en la entidad.
Así lo describieron en la lona que atravesaron en los carriles de cobro, en la que se puede leer dicha acusación en contra del funcionario estatal, que además previamente en conferencia de prensa ya habían dado a conocer.
El grupo manifestante lamentó la falta de aplicación de justicia en torno al asesinato de tres militantes del Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (Cociss), ocurrido en el 2017 y señalando como responsables a integrantes de la organización Antorcha Campesina, a quienes calificaron protege el fiscal Rubén Vasconcelos.
Por lo anterior, han pedido la intervención de la Fiscalía General de República (FGR) a fin de que investigue los hechos en lo que no ha podido avanzar la dependencia federal, a la par que reiteraron la exigencia de renuncia del titular de la dependencia local encargada de procurar justicia.
En abril de este mismo año, otro grupo de organizaciones locales, integrado por militantes del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), realizó una jornada contra la impunidad que incluía un plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, a fin de denunciar los atropellos del Estado en contra de los pueblos originarios.
Explicaron que pese a las múltiples denuncias, en torno a las violaciones de sus derechos humanos, no hay resultados contundentes en torno al asesinato de cinco integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (Codedi) y otros tres asesinatos más de luchadores sociales.
Lo cual se traduce en una total impunidad ante crímenes contra indígenas que defienden sus pueblos y comunidades, debido al contubernio entre los gobiernos a fin de apoderarse de los territorios y recursos que defienden las organizaciones y comunidades.
