David Juárez/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 24 de febrero de 2023.- Con un monto no aclarado de mil 169 millones 884 mil pesos, Oaxaca se convirtió en la doceava entidad del país con las mayores irregularidades en la ejecución del gasto público federalizado, según la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2021 hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los mayores desfalcos fueron hallados en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), con 608 millones 391 mil pesos cuyo destino, en plena pandemia de Covid-19, no fue aclarado por la administración del hoy ex gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa, y, además, en la ejecución de los recursos por concepto de Participaciones Federales que les fueron ministrados a los municipios locales, principalmente gobernados por Morena, con una cifra observada que asciende a 553 millones 223 mil pesos.
De hecho, el posible quebranto emanado de la administración de nueve municipios vinculados con Morena y cuyos ex ediles, en varios de los casos, hoy figuran dentro de la administración pública estatal como secretarios de gobierno o titulares de dependencias, asciende a 454 millones de pesos.
Algunos de los casos son los de la ex edil de Pochutla, Saymi Pineda, actual secretaria de Turismo; el ex edil de Xoxocotlan, Alejandro López Jarquín, hoy director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED); el ex edil de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Genaro Hernández Jiménez, coordinador del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca y Lizbeth Victoria Huerta, ex edil de Asunción Nochixtlán, actualmente presa acusada de participar en la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
La ASF resaltó que las irregularidades fueron halladas durante revisiones efectuadas a mediados de 2022, el mismo periodo de la realización de los comicios estatales en los que Morena ganó la gubernatura local, en la figura de Salomón Jara Cruz, y confirmó su mayoría en el Congreso del Estado.
El resto de las inconsistencias corresponden a saldos no aclarados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por 61 millones 365 mil pesos; a irregularidades por 8 millones 268 mil pesos que fueron entregados al Poder Ejecutivo Estatal a través del fondo de Participaciones Federales y a 7 millones 562 mil pesos no solventados por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), que fueron recibidos como Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.
QUEBRANTOS EN SALUD
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que al cierre de la auditoría número mil 328, el gobierno de Alejandro Murat no comprobó la correcta utilización de 311 millones 256 mil pesos que fueron enviados a esta entidad mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
En primer término, la ASF explicó que al final del ejercicio fiscal en revisión, los SSO reportaron a la Federación un gasto comprometido, bajo aquel fondo, por 5 mil 55 millones de pesos; sin embargo, las autoridades estatales únicamente comprobaron pagos por 4 mil 756 millones de pesos, lo que dejó sin comprobación un recoveco por 298 millones 802 mil pesos.
La ASF dio al gobierno de Oaxaca hasta el 31 de marzo de 2022 para aclarar la situación de tales recursos o llevar a cabo la reintegración del dinero a la Tesorería de la Federación (Tesofe); no obstante, tanto la Secretaría de Finanzas como los SSO incumplieron con tal exigencia.
En el mismo fondo, la Auditoría halló más irregularidades: una por 10 millones 35 mil pesos más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesofe, por no proporcionar evidencia de la distribución entre los trabajadores del sector Salud de 15 mil 353 tarjetas de despensa por un monto de 10 millones 35 mil pesos; asimismo, otra irregularidad ascendió a 2 millones 249 mil pesos por pagar sueldos a seis trabajadores que no acreditaron ostentar el nivel académico necesario para su puesto.
El segundo presunto desfalco más alto en los SSO fue detectado en el Programa de Atención a la Salud (auditoría mil 333), donde el gobierno de Oaxaca no pudo justificar la aplicación de 288 millones 518 mil pesos, que equivalen al 40 por ciento de los 713 millones 735 mil pesos que recibió Oaxaca por ese concepto.
La ASF indicó que los SSO destinaron recursos para el pago de servicios personales por 279 millones 736 mil pesos; sin embargo, en un archivo proporcionado por los SSO en formato Excel denominado “A8_CAE-DICIEMBRE-1” únicamente se pretendió justificar un monto de 251 millones 51 mil pesos, sin incluir el nombre de la partida presupuestaria correspondiente ni la periodicidad de los pagos realizados al personal, «por lo que no fue posible verificar que los pagos se ajustaran a las partidas presupuestarias autorizadas conforme al convenio signado».
A ello se sumó un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8 millones 2 mil pesos más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro, por realizar pagos posteriores a la fecha de baja de 38 trabajadores, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio de Colaboración en materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidio para el Desarrollo de las Acciones correspondientes al Programa Presupuestario E023 «Atención a la Salud» para el ejercicio Fiscal 2021.
Por si fuera poco, la ASF detectó más malos manejos en los recursos suministrados a los SSO; ahora, por 8 millones 616 mil pesos etiquetados en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que se sumaron a 779 mil 806 pesos con observaciones por realizar pagos excedentes en sueldos a ocho trabajadores.
MUNICIPIOS MORENISTAS
La Auditoría informó que no sólo los SSO reportaron malos manejos financieros durante el 2021, pues fueron descubiertas diversas irregularidades en la mayoría de los municipios que fueron sometidos a fiscalizaciones.
Por ejemplo, en la revisión del Fondo de Participaciones Federales, recursos de los que disponen libremente los presidentes municipales, hubo ayuntamientos como Asunción Nochixtlán (Mixteca), Miahuatlán de Porfirio Díaz (Sierra Sur), Salina Cruz (Istmo de Tehuantepec), Santa Cruz Xoxocotlán (Valles Centrales), Santa María Tonameca (Costa) y Santiago Juxtlahuaca (Mixteca), todos afines al actual gobierno estatal de Salomón Jara Cruz, que fueron señalados de haber hecho un mal ejercicio de la totalidad de los dineros que recibieron de la Federación, al no justificar el uso correcto de un solo peso.
Las irregularidades halladas en aquellas siete demarcaciones ascienden a 409 millones 120 mil pesos, desglosadas de la siguiente forma: el municipio de Salina Cruz Oaxaca, que en 2021 era gobernado por Juan Carlos Atecas Altamirano, de Morena, no justificó la correcta utilización de los 144 millones 672 mil pesos que recibió de la Tesofe, mismo caso que el suscitado en Santa Cruz Xoxocotlán, que recibió observaciones por 111 millones 638 mil pesos.
En 2021, Xoxocotlán era gobernado por Alejandro López Jarquín, ex militante del PRD y actual miembro de Morena e incluso, hoy, titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) en la administración estatal de Salomón Jara Cruz.
Otro caso es el de Miahuatlán de Porfirio Díaz, que recibió Participaciones Federales por 52 millones 150 mil pesos, que terminaron por convertirse en posibles quebrantos al no existir documentación que compruebe el correcto destino de aquel presupuesto.
En aquel entonces, el ayuntamiento de Miahuatlán era gobernado por el priista Genaro Hernández Jiménez, quien, desde la llegada de Salomón Jara al gobierno estatal, funge como coordinador del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca.
Otro caso es el de Santa María Tonameca, cuyo edil en aquel entonces era Hugo Castrejón Martínez, también de Morena, quien no pudo comprobar la correcta utilización de los 45 millones 289 mil pesos que recibió como ministración para la realización de proyectos de infraestructura y desarrollo social, una situación idéntica a la de Santiago Juxtlahuaca, que en 2021 era gobernado por Nicolás Feria Romero, actual diputado del partido Morena y también identificado con el actual mandatario estatal y que no ha comprobado la utilización lícita de 30 millones 97 mil pesos recibidos como Participaciones.
Finalmente, también aparece el caso de Asunción Nochixtlán, donde el Cabildo no pudo comprobar la correcta aplicación de los 25 millones 274 mil pesos que recibió durante aquel ejercicio fiscal.
Hasta mayo de 2021, la alcaldesa de aquella demarcación de la región Mixteca fue Lizbeth Victoria Huerta, entonces operadora política de Salomón Jara y actualmente presa acusada de haber participado en la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
Otros señalamientos recayeron en Tlacolula de Matamoros, cuyo edil Carlos León Monterrubio, no justificó la correcta aplicación de 39 millones 315 mil pesos, equivalentes al 94 por ciento del recurso que recibió durante aquel periodo.
En San Miguel Soyaltepec ocurrió un caso similar, pues la administración municipal recibió observaciones por 7 millones 648 mil pesos, equivalentes al 95 por ciento de los recursos recibidos.
Juchitán de Zaragoza, entonces gobernada por el también morenista Emilio Montero Pérez, hoy director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) no comprobó, según la ASF, 2 millones 496 mil pesos de los 6 millones 672 mil pesos que recibió por parte de la autoridad federal.
Otro caso es el de San Pedro Pochutla, que era gobernado por Saymi Pineda, actual titular de la Secretaría de Turismo, que no pudo comprobar la correcta utilización del 92.5 por ciento de los recursos que le transfirió la Federación.
En ese sentido, la ASF precisó que aquel ayuntamiento obtuvo 2 millones 668 mil pesos de Participaciones Federales a Municipios, de los cuales 2 millones 468 mil pesos no fueron debidamente comprobados hasta marzo de 2022.
En total, la suma de los recursos no comprobados por los municipios morenistas o afines a la 4T en Oaxaca ascienden a 453 millones 399 mil pesos.
SÉPTIMO CON MÁS IRREGULARIDADES
La ASF también informó que Oaxaca fue el doceavo estado del país con la mayor cantidad de recursos públicos cuya correcta aplicación no fue comprobada por las autoridades competentes.
Con aquellos mil 169 millones 884 mil pesos por solventar, está entidad únicamente apareció por debajo de Michoacán, que tiene pendientes por aclarar 13 mil 487 millones de pesos; Durango, con 7 mil 512 millones de pesos; Puebla, con 3 mil 217 millones de pesos; Veracruz, con 2 mil 696 millones de pesos; Nayarit, con 2 mil 402 millones de pesos; Nuevo León, con 2 mil 277 millones de pesos; Tabasco, con mil 426 millones de pesos; Tlaxcala, con mil 396 millones de pesos; Baja California Sur, con mil 370 millones de pesos; Colima, con mil 274 millones de pesos y Coahuila, con mil 215 millones de pesos.
