Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 3 de marzo de 2023.- Ejidatarios de Santa Cruz Bamba, de Santo Domingo Tehuantepec, dieron esta tarde una tregua al bloqueo que iniciaron desde hace cinco días en la carretera federal 200, a fin de dar oportunidad a que el gobierno de Oaxaca resuelva sobre el conflicto que involucra a la obra del rompeolas en Salina Cruz. Pero a falta de compromiso de la empresa, esta noche reanudaron el bloqueo.
Los pobladores exigen el pago de un adeudo de más de 22 millones de pesos por parte de la empresa Infraestructura y Energías Renovables Layza S.A. de C.V por la extracción de roca, sin embargo, un supuesto pago que realizó la empresa lo dirigió al Gobierno del Estado, por lo que ahora demandan conocer el destino de ese recurso.
El problema desatendido en esta agencia de Tehuantepec estalló en un bloqueo que inició el pasado 28 de febrero y concluyó parcialmente hasta este viernes ante la promesa de una mesa de diálogo de parte del gobierno estatal; horas más tarde se reactivó.
El desaire del Gobierno del Estado a la problemática llevó a la prolongación de la manifestación, en la que los habitantes exhibieron una serie de irregularidades que se presentaron tras la firma de un convenio con dicha empresa, en la que presuntamente tuvieron complicidad autoridades auxiliares.
La atención de la Secretaría de Gobierno al bloqueo fue tardía, pese a la grave afectación en la vialidad que comunica a los municipios de Salina Cruz y Pinotepa Nacional, pues hasta el miércoles 2 de marzo se presentó al punto del conflicto al represente de la Secretaría de Gobierno en la zona, José Abel Gil Rojas, quien a su vez permaneció como retenido en la bloqueo, sin que se violaran sus derechos humanos.
CONFLICTO PRIVADO
El funcionario estatal, José Abel Gil, sostuvo que el problema derivó de la falta de cumplimiento de contrato entre la empresa Laysa y los ejidatarios, y no por un problema con el gobierno, quien está en la disposición de intervenir para que no se afecten a terceros con la movilización.
De acuerdo a testimonios de los afectados, la extracción por Laysa se ha llevado a cabo mediante trampas y engaños.
En el 2022 los ejidatarios hicieron un contrato para esos trabajos con la empresa Atalia S.A .de C.V., en la que trabajaba María Natividad Gordillo Espinosa, ahora propietaria de Layza.
La mujer, quien sólo se presentó como representante de Layza, manipuló a los ejidatarios para romper el convenio con la primera empresa y empezar una relación con su empresa, en la que también trabaja su esposo David Sánchez Nolasco, quien funge como contador.
En el convenio se estableció que daría trabajo a los sindicatos de la región para el acarreo de piedra, pero no cumplió y trajo camiones foráneos.
Al quedar descubierta la manipulación, y no realizarse los pagos en los tiempos establecidos, los ejidatarios exigieron aclarar la situación al Comisariado Ejidal, Israel Díaz González; al secretario Arturo Escudero García y el ex tesorero Arcadio García Ramírez y a los miembros del Comité de Vigilancia.
Como una primera y supuesta voluntad de la empresa para pagar el adeudo, emitió dos cheques, pero dirigidos al gobierno de Oaxaca y no al Ejido de Santa Cruz; esta entrega se realizó en una reunión en la que estuvieron representantes del gobierno de Oaxaca.
