Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 28 de marzo de 2023.- La asamblea comunitaria de Santiago Atitlán Mixe, acordó la reapertura del palacio municipal y de las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales, cerrados tras un conflicto postelectoral.
La reunión congregó a diversas autoridades y pobladores de los núcleos rurales, agencias y rancherías, que por unanimidad tomó la determinación ayer por la tarde.
La asamblea fue encabezada por el presidente comunitario, Mario Martínez González, y el síndico municipal, Epifanio López Vásquez, quienes a la vez fueron autorizados para encabezar la autoridad formal, tras la apertura de las instalaciones.
Asimismo, convinieron en someter a juicio a Pablo Ramírez Mateo, quien fungió como autoridad comunitaria en el ejercicio fiscal 2021 y 2022 y se aferró a dejar el poder, bajo la protección de funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca.
En un comunicado, las autoridades electas ayer coincidieron que la asamblea comunitaria es el máximo órgano de toma de decisiones para resolver cualquier conflicto que se den en la comunidad, por lo que por unanimidad acordaron que se abra las instalaciones del palacio municipal y las oficinas de los bienes comunales.
Denunciaron que Pablo Ramírez Mateo, junto con la autoridad agraria saliente, se llevaron las llaves, documentos y expedientes de la comunidad de Santiago Atitlán Mixe; hallaron además un desorden dentro del palacio municipal, así como los vehículos en mal estado.
En tanto que en la oficina de Bienes Comunales habían forzado la puerta y cambiado la chapa, donde se observó un saqueo y no se encontraron los siguientes bienes propiedad de la comunidad: las llaves y facturas de las unidades de motor propiedad de la comunidad, bases de radio de comunicación y radios, computadoras, expedientes agrarios como son la Carpeta Básica y resolución presidencial entre otros bienes de importancia para la comunidad.
Facultaron al presidente comunitario Mario Martínez González y síndico Epifanio López Vásquez, para que en nombre y representación de la comunidad acudan ante las instancias correspondientes para levantar la denuncia penal por los hechos que puedan constituir un delito contra quienes resulten responsables.
Asimismo, les autorizaron para que realicen los tramites necesarios para la acreditación y asignación de recursos para la comunidad.
Por último, la asamblea comunitaria, solicitó a las instituciones del Gobierno del Estado de Oaxaca, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y al Registro Agrario Nacional, respetar el derecho de la libre determinación y autonomía, y no abonar a la confrontación y el quebrantamiento de los tejidos comunitarios.
