Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, a 7 de junio de 2023.- Nuevas revelaciones de espionaje ilegal con el “software” “Pegasus” han sacudido a la Comisión de la Verdad encargada de esclarecer los abusos cometidos durante la Guerra Sucia en México.
Camilo Vicente Ovalle, líder de la comisión, se suma a la creciente lista de defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y ahora funcionarios, que han sido objeto de vigilancia no autorizada.
Estos eventos han aumentado la presión sobre el “Ejército Espía”, quien ha sido señalado repetidamente en casos relacionados con abusos militares.
Este nuevo caso de espionaje ilegal se suma al de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y colaborador cercano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien confirmó haber sido víctima de con “Pegasus” debido a su trabajo con familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
Estas revelaciones plantean serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los funcionarios y sus comunicaciones, incluso dentro del propio gobierno.
La situación adquiere un mayor peso debido al rol desempeñado por Camilo Vicente Ovalle y la Comisión de la Verdad.
El objetivo de la comisión es investigar y esclarecer los abusos cometidos durante la Guerra Sucia en México, un período oscuro de la historia que dejó miles de víctimas y cuyos responsables aún no han sido plenamente identificados.
El espionaje ilegal contra Camilo Vicente Ovalle expone un sabotaje directo a los esfuerzos de la comisión por llegar a la verdad y hacer justicia.
Estas revelaciones plantean interrogantes sobre quiénes podrían estar detrás de estos actos y cuál es su interés en obstaculizar el proceso de investigación.
Las denuncias de espionaje ilegal con el software Pegasus se han convertido en un tema recurrente en México, y cada semana se suma un número creciente de personas a la lista de vigilados sin consentimiento. Expertos en seguridad han advertido sobre las consecuencias de estas prácticas, que socavan la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Katia María López Arroyo, experta en seguridad digital, explicó en entrevista el grave impacto que tiene el espionaje indiscriminado que realizan las Fuerzas Armadas en México, y advirtió que “la lista de personas vigiladas ilegalmente sigue creciendo sin que el poder ejecutivo tome medidas efectivas para frenar estas violaciones. El hecho de que ahora incluso funcionarios de alto rango sean objetivo de espionaje muestra una falta de control y rendición de cuentas alarmante”.
A medida que se descubren más casos de espionaje con Pegasus, las demandas de una respuesta firme por parte del poder ejecutivo se intensifican. La falta de acciones concretas para limitar y castigar estas prácticas ilícitas aumenta la preocupación en torno a la impunidad y la violación de derechos fundamentales en México.
Defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, han instado al gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y privacidad de sus ciudadanos. López Arroyo sostiene que “es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente para identificar a los responsables de estas violaciones y asegurar que no queden impunes”.
En un contexto donde la confianza en las instituciones estatales es crucial para el desarrollo democrático, el gobierno mexicano enfrenta el desafío de abordar el espionaje ilegal y restaurar la confianza en el sistema de justicia. La protección de los derechos humanos y la preservación de un entorno seguro y libre de vigilancia no autorizada deben ser prioridades ineludibles para salvaguardar la democracia en México.
(Información de ONEA México)
