Diego Enrique Osorno*
¿Qué está pasando en Chiapas? Esta es una de las preguntas que ronda estos días de reacomodos y pugnas políticas e incremento de la intensidad en la economía criminal de diversos puntos del país. Para tratar de entender lo que ocurre, consulté el informe más reciente del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), uno de los organismos civiles que han documentado con mayor profundidad y seriedad el conflicto armado interno que aún padece el estado sureño.
Me concentraré ahora en el apartado sobre el actual proceso de remilitarización que viene incluido en el documento titulado Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado.
A continuación van algunas de las claves ofrecidas por el Frayba, las cuales pueden arrojar algo de luz sobre ciertos aspectos que hay de fondo en esa nebulosa gestándose.
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“En el año 2010, Amnistía Internacional señaló que 35 mil soldados estaban destinados a la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional. Un año después, en abril de 2011, el entonces comandante de la séptima Región Militar en Chiapas, Salvador Cienfuegos Zepeda, sostuvo que había 14 mil efectivos militares desplegados solo en Chiapas, además de anunciar la creación de nuevas bases militares, cada una con 600 elementos, en la frontera con Guatemala, en particular en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y Jiquipilas. La estrategia formaba parte de una nueva etapa de combate a la delincuencia organizada que mostró tener presencia y actividad en la zona. Un argumento que no es nuevo”.
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“Durante la última década, el Ejército mexicano ha justificado su presencia en Chiapas con razones no relacionadas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como son: la implementación de la Ley sobre armas y explosivos; el control del flujo internacional de personas, tráfico de armas y maderas preciosas; la atención social frente a la pobreza y los desastres naturales; y el combate al crimen organizado.
“A pesar de la militarización de hace más de dos décadas, la percepción general, tanto en zonas urbanas como rurales, es de un deterioro acelerado en cuestión de seguridad, debido a la actuación abierta de la delincuencia organizada”.
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“Después de casi 30 años del levantamiento del EZLN, la remilitarización, en el estado de Chiapas, incluye 71 campamentos militares, cuyo despliegue corresponde a mil 504 elementos de la Secretaría de la Marina (Semar), 3 mil 466 de la Guardia Nacional (GN) y 3 mil 536 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“A su vez, se han construido 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas, respectivamente. Para 2023 se tiene programada la instalación de otros seis cuarteles en: Cintalapa, Arriaga, Acacoyagua, Solistahuacán, Altamirano y, un segundo, en Palenque”.
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“Llama la atención que en estados donde los índices de violencia no son los más altos del país, es donde mayor presencia de fuerzas federales existen, tal como lo ilustran los casos de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Oaxaca. Este proceso de remilitarización se ha consolidado como una política de Estado y apuesta militarista. En este contexto, el 8 de septiembre de 2022, el Senado aprobó que la Sedena asumiera la operación y administración de la Guardia Nacional. El decreto de reforma fue publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Al mes sucesivo se votó en el Senado y en la Cámara de Diputados para la ampliación temporal hasta 2028”.
“Cabe mencionar que, en los últimos tres años y medio, las Fuerzas Armadas han tomado el control operativo y directivo de más de 20 funciones —incluyendo áreas estratégicas— ajenas a la naturaleza castrense, como por ejemplo la construcción de infraestructura civil, la administración de aduanas marítimas y la participación en programas sociales. Paralelo a su expansión, se les han otorgado mayores recursos públicos: desde 2007 a 2022, el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas se incrementó un 60.5 por ciento en términos reales. En el último año, recibieron 142 mil millones de pesos. En consecuencia, tanto su poder fáctico en la administración pública como económico han aumentado significativamente.
“A la par de este aumento de funciones y responsabilidades, la violencia e incidencia en algunos delitos ha tenido la misma suerte, pese a una leve disminución en los homicidios, de 2018 a 2021, la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes ha aumentado 32.6 por ciento, mientras que el narcomenudeo 36.5 por ciento y los feminicidios, 7.4 por ciento”.
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“Pese a que las fuerzas armadas cuentan con altos niveles de confianza y legitimidad, entre los mexicanos, también son las autoridades que más quejas por violaciones a derechos humanos acumulan.
“En julio de 2020, 12 civiles murieron en un enfrentamiento con soldados en el estado de Tamaulipas. En un video que se filtró a la prensa en agosto, se ve a un soldado dando la orden de matar a un civil.
“En septiembre, la Sedena anunció que los hechos estaban siendo investigados por la Policía Militar, y no por agentes del Ministerio Público (MP) de la justicia penal ordinaria. Entre 2014 y 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió aproximadamente 3 mil denuncias relacionadas con presuntos abusos militares.
“Los hechos, se caracterizan por su opacidad y, más allá del número de solicitudes de transparencia que responden de manera negativa por motivos de confidencialidad, no informan sobre asuntos fundamentales para conocer su operación y evaluar su desempeño; tales como sus políticas y programas, su despliegue territorial o los eventos relacionados con violaciones a derechos humanos”.
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La 4T deja todo allanado para el ejercicio de un gobierno de estilo neodesarrollista y autoritario.
*Escritor y periodista.
@DiegoEOsorno
