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Opinión. ¿Y en dónde están las dependencias que sancionan daños al ambiente?

por Agencia Zona Roja

Ismael García M./Zona Roja.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 10 de julio de 2023.- ¿Alguien sabe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la llamada “Cuarta Transformación?

¿Alguien sabe qué hace la nueva Procuraduría Ambiental del Estado de Oaxaca, además de ser un ente burocrático ahora sin cabeza?

El caso es que, ni del orden estatal ni del orden federal hay un organismo que sancione la grave contaminación al ambiente en la entidad, pese a múltiples problemas como la polución en los ríos “Atoyac” y “Salado”, entre muchos otros afluentes; la depredación de flora y fauna otrora protegida, y ahora los tiraderos a cielo abierto en todo el estado, pero particularmente en la región Valles Centrales, que desde hace un año sufre una crisis de la basura que parece no tener fin.

Nadie. Salvo una voz en el desierto de los ambientalistas de la sociedad civil, nadie se preocupa por la contaminación auditiva, el saqueo indiscriminado de madera en los bosques, así como la caza furtiva, el creciente consumo de huevos de tortuga, por citar algunas irregularidades.

¿Y LA PROFEPA?

Una de las promesas de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue desconcentrar la sede de las dependencias federales a los estados, para “brindad” una atención “con mayor agilidad”.

No cumplió. Le falta un año de trabajo, o quizá menos, por la campaña de relevo presidencial, y simplemente no ocurrió.

En el caso de Oaxaca, estaría la sede principal de la Secretaría de Bienestar, y por supuesto que no sucedió el cambio, ni sucederá.

Pero además, el mandatario mexicano no sólo no cumplió con la desconcentración de las dependencias públicas y organismos hacia el interior del país, sino que las centralizó.

Porque eliminó las delegaciones federales y dejó únicamente una representación, una ventanilla, de algunas dependencias que, por supuesto, no tienen ninguna capacidad operativa, sino únicamente administrativa.

Ese es el caso de la Profepa, que ni siquiera se sabe quién es su representante en Oaxaca mucho menos ha informado, en los últimos cinco años de gobierno federal, cuáles son las acciones que realiza.

Un ejemplo de su indolencia es el “Atoyac”, donde desde octubre del año pasado, de manera impune recolectores particulares de basura de organizaciones como CATEM y la CTM comenzaron a llenar de desechos una margen del río, justo en la parte sur de la Central de Abasto.

Los montones crecieron hasta acumular más de tres mil 500 toneladas de pestilencia en zona federal, con los consecuentes daños al ambiente y a la salud tanto de comerciantes como de habitantes de colonias aledañas.

Hubo denuncias, protestas, agresiones a la prensa, pero nada ni nadie movió a la Profepa para que hiciera algo; o por lo menos nadie supo si intervino o no.

Paralelo a ello, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez comenzó su propio tiradero también en zona federal, en el río “Atoyac”, pero tampoco ha sido sancionada.

¿Y LA PROPAEO?

La Procuraduría de Protección al Ambiente de Oaxaca (Propaeo) fue creada por el Congreso del Estado desde junio de 2018; fue modificada en agosto de 2021 y no fue sino hasta marzo de 2022 que tuvo su primer titular y en consecuencia comenzó a funcionar, supuestamente.

Sus atribuciones:

I. Vigilar el exacto cumplimiento de la normativa ambiental en el estado e imponer las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las mismas, mediante los procedimientos administrativos, que permita garantizar el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

II. Fomentar una participación decidida, informada y responsable de la sociedad y de sus organizaciones en la vigilancia y cumplimiento voluntario de la legislación ambiental a fin de incrementar su observancia y contribuir el (sic) desarrollo sustentable del estado; y

III. Promover el acceso a la información ambiental para la toma de decisiones, procurando poner a disposición de la población, información oportuna y objetiva para mejorar la toma de decisiones en materia de justicia ambiental.

El 8 de marzo del último año de su sexenio, Alejandro Murat Hinojosa designó a José Ernesto Ruiz López como primer procurador ambiental, más para cumplir con el requisito de ley que para iniciar acciones efectivas.

“La decisión de crear esta Procuraduría surge ante el desafío de proteger la riqueza natural de la entidad, la cual, por sus características geográficas, alberga más de 12 mil 500 especies de flora y fauna en sus más de 9 millones de hectáreas, de las cuáles el 67% está cubierta por superficies forestales”, justificó en un boletín.

Pero resulta que el primer procurador ambiental no tenía nada de experiencia en el ramo, ni como activista ni como profesionista, pues era licenciado en derecho con estudios en ciencias políticas. 

Su único mérito: “ha liderado propuestas y proyectos para el cuidado del medio ambiente en la entidad, entre las que destaca la creación de esta misma instancia”, además de haber sido fugaz delegado de la Semarnat.

Tan inexperto que durante los nueve meses que estuvo en el cargo no hizo nada más que supuestamente organizar administrativamente la Procuraduría de Protección Ambiente.

Por alguna extraña razón, el gobernador Salomón Jara lo ratificó, o lo dejó en el cargo, y no fue sino hasta entonces en que comenzó a recorrer a diestra y siniestra tiraderos clandestinos de basura, para imponer sanciones.

También acudió al río “Atoyac” pero no hizo nada pues huyó ante las amenazas de los recolectores particulares.

Quizá por su fracasada gestión, la semana pasada José Ernesto Ruiz López presentó su renuncia al cargo. Quizá pretende ahora sí, dedicarse de lleno a la política, pues su sueño ha sido tener una representación popular, por el partido que sea.

PRIVA IMPUNIDAD

Por cierto, el ahora ex funcionario firmó, como delegado federal, una carta compromiso con el gobierno de Alejandro Murat, el 9 de marzo de 2018, para sanear los ríos “Atoyac” y “Salado”. Pero ni siquiera de eso se acordó durante su gestión como procurador.

Precisamente sobre esos afluentes, que cruzan la capital, hay resoluciones judiciales que obligan a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a iniciar su saneamiento. 

Nadie ha hecho caso y una veintena de municipios siguen tirando a cielo abierto sus residuos de drenaje a los ríos.

Este lunes, el diario “El Imparcial” publicó que Oaxaca ha perdido en 22 años alrededor de 415 mil hectáreas de bosque. Cotidianamente siguen bajando troceros hacia la ciudad, con toneladas de madera.

Los tiraderos a cielo abierto, sin ningún tipo de regulación, continúan en la ciudad de Oaxaca, en la Villa de Zaachila, en Santa Cruz Xoxocotlán, por poner algunos ejemplos de la zona metropolitana capitalina.

Al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez seguirá manteniendo sus montones de basura en la margen del “Atoyac” por lo que resta del trienio de Francisco Martínez Neri. 

Muchas plantas residuales se han vuelto un foco de infección, en lugar de tratar las aguas negras, y permanecen abandonadas, como la que se ubica en el parque “El Tequio”.

La insuficiente red de drenaje sigue llenado de pestilencia no sólo los dos principales ríos mencionados, sino muchos más en el interior del estado.

Qué decir de la contaminación auditiva, de la polución que producen los vehículos de motor, cada vez más intensa, o las ladrilleras en la zona urbana.

Pero no. A nadie le interesa proteger el ambiente en Oaxaca… porque no reditúa políticamente ni da votos ni es semillero de legisladores. 

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