Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 28 de noviembre de 2019.- Diez días han pasado del desalojo violento de decenas de familias que habitaban en los parajes “Loma del Quío”, Los Mangales” y “El Coquito” pertenecientes al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, sin que se hayan aclarado los hechos y sean atendidas las víctimas.
A un costado del Palacio de Gobierno, sobre la calle de Bustamante, vecinos desalojados que mantienen un “plantón” en el lugar, realizaron ayer la levantada de cruz, por los nueve días del fallecimiento de Juan Carrillo, víctima mortal de la violencia suscitada el pasado 19 de noviembre.
De acuerdo con las personas afectas, no existe hasta el momento un acercamiento de parte de las autoridades para dar solución a la problemática, razón por la que continuarán instaladas a las afueras del edificio público debido a que sus viviendas fueron quemadas y perdieron sus pertenencias.
Recordaron que fueron civiles armados quienes, al estilo de la delincuencia organizada, los sacaron por la fuerza de sus viviendas e iniciaron una balacera en la zona, dejando una persona muerta, tres más heridas, 100 viviendas quemadas, 14 mototaxis, 10 motocicletas y una camioneta destruidas a las que también les prendieron fuego; además de animales muertos y robo de pertenencias en el saqueo que hicieron de las casas.
Insistieron en que no son invasores ni “paracaidistas” y por el contrario cuentan con los documentos que los avalan como propietarios de los predios de los que fueron desalojados por la fuerza y a punta de pistola, razón por la que insisten en su exigencia de justicia hacia las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Alejandro Murat.
“Queremos justicia, recuperar nuestros bienes y propiedades de las que fuimos despojados, queremos seguridad para nuestras familias y vigilancia en la zona”, explicaron.
Por su parte la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca refrendó las medidas cautelares otorgadas a las y los pobladores e inició el expediente DDHPO/2351/(01)/OAX/2019 para el cual solicitó información a la autoridad municipal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Secretaría General de Gobierno (Segego) respecto a su actuación en este conflicto.
De la misma forma, pidió la colaboración de autoridades federales de la Procuraduría Agraria y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al ser señalados por las familias de haber motivado los hechos.
Mientras que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca se limitó a informar que se trató de un enfrentamiento, situación que fue desmentida por los pobladores que negaron haber respondido a tiros, al desalojo violento del que fueron víctimas.
