Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2023.- Ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH), el Estado mexicano aseveró que existe “una situación de emergencia” compartida por varios países de la región por la disponibilidad “indiscriminada” de armas de fuego, lo que debe ser atendido y enfocarse en el papel que tienen los actores privados en potencializar las posibles violaciones a derechos humanos.
En una audiencia pública en este tribunal, debido a la solicitud de México de opinión consultiva sobre las actividades de empresas privadas de armas y sus efectos en violaciones a derechos humanos, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aseguró que la región “ha sufrido de forma particular las consecuencias de la violencia armada, la proliferación de armas de fuego en manos de civiles, que sólo puede entenderse a raíz de un tráfico transfronterizo, desregulado y que tiene consecuencias de seguridad pública que se traducen en vulneraciones del derecho humano a la vida, a la integridad personal, entre otros”.
En un video mensaje, expuso que en el caso de México, las estimaciones indican que cada año se trafican ilegalmente al país 200 mil armas de fuego.
«Este fenómeno tiene un importante factor transfronterizo, pues en mi patria la adquisición de armas de fuego por particulares está sumamente controlada, solamente existe un distribuidor y una tienda de armas situada en la Ciudad de México y administrada por el Ejército, la cual vende en promedio 38 armas al día a civiles. Sin embargo, la disponibilidad de arma adquiridas ilegalmente es mucho mayor y tiene incidencia directa en la comisión de crímenes violentos. ”, refirió.
Denunció que las empresas que fabrican y distribuyen armas en el continente Americano lo hacen sin prácticas que aseguren su trazabilidad o que eviten de alguna forma el desvío hacia segundos propietarios.
Afirmó que esta información es conocida e ignorada por las compañías “quienes se abstienen de tomar medidas para prevenir que los productos que fabrican y distribuyen terminen en manos de grupos criminales, y más aún, tienen estrategias de comercialización apuntaladas hacia esos grupos”.
La canciller también enfatizó que la violencia armada tiene un impacto diferenciado en grupos vulnerables como las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y la población Lgbti+.
“La disponibilidad indiscriminada de armas de fuego afecta la situación social y económica de muchas familias, al hacer que niñas, niños y adolescentes pierdan a sus padres y madres. El Estado mexicano sostiene que esta realidad debe ser considerada por la Corte Interamericana para que con un enfoque de universalidad e interseccionalidad analice las lamentables consecuencias que la violencia armada tienen en el disfrute de los derechos humanos en los Estados americanos”, destacó.
(Información de “La Jornada”)
