Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 4 de diciembre de 2019.- Tras la desatención del gobierno de Oaxaca, al menos unas 200 personas de Santiago Yaitepec, en su mayoría mujeres e indígenas chatinas, partieron esta noche a la Ciudad de México, en busca de justicia con instancias federales.
Los manifestantes llegaron alrededor del mediodía de hoy en caravana a la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a fin de interponer sus quejas por violaciones a sus garantías, durante los desalojos violentos efectuados por la Policía Estatal y la Guardia Nacional, el 30 de noviembre y 1 de diciembre anterior.
En ese contexto, una de sus representantes, Leticia Santiago Guzmán, desmintió al gobernador Alejandro Murat y al fiscal Rubén Vasconcelos acerca de la muerte de la señora Maximina, que según los funcionarios fue por causas naturales y un día antes del desalojo en el paraje «El Pedimento», en disputa con Santa Catarina Juquila.
“Tenemos pruebas, ella tenía la bolsita de dinero que había vendido días antes; no sabíamos que iba a ver represión, había mujeres, niños, mujeres de la tercera edad y tuvimos un ataque.
“Como indígenas exigimos nuestros derechos y necesitamos que nos escuchen. Exigimos ser escuchados, porque si es posible dar la vida por nuestra, la vamos a dar”, dijo.
Tras dialogar con el presidente de la Defensoría, Bernardo Rodríguez Alamilla, los habitantes de Santiago Yaitepec se trasladaron a la Ciudad Judicial, donde buscaban una entrevista con el fiscal Rubén Vasconcelos.
Sin embargo, les fue negada la reunión y el acceso al complejo de oficinas de gobierno, por lo cual en la tarde retornaron al centro de la ciudad; del Andador Turístico partió la caravana hacia la Ciudad de México, donde buscan reunirse con funcionarios federales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para exigir justicia.
En tanto, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Antonio Diego Cruz Santiafo, denunció la negativa del fiscal Vasconcelos de recibirlos y atender sus demandas como víctimas del desalojo violento en dos sitios.
«Tal parece que el Gobierno del Estado ya tomó partido por Juquila y a nuestro pueblo no solamente nos discriminan sino lo reprimen con gases», dijo.
