Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, a 21 de enero de 2024.- Una juez federal con sede en Toluca, Estado de México, ordenó que ocho militares presuntamente implicados en la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, enfrenten su proceso penal en libertad.
Se trata de Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres, Juan Flores, Ramiro Manzanares, Roberto de los Santos, Eloy Estrada, Uriel Reyes y Juan Sotelo, quienes están acusados por la Fiscalía General de la República por el delito de “desaparición forzada”.
Este sábado, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo revocó la prisión preventiva oficiosa de los militares y estableció tres medidas cautelares: pagar 50,000 pesos como garantía, la presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país.
Además se estableció la prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas y al estado de Guerrero, asimismo requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.
Los militares podrían ser puestos en libertad una vez que paguen el monto establecido y con garantías que no habrá riesgo de que se evadan de la justicia.
Los militares se entregaron de manera voluntaria, luego de que la Fiscalía General de la República reactivara 16 órdenes de captura contra miembros del Ejército que habían sido emitidas en septiembre de 2022, pero que posteriormente fueron anuladas.
Su imputación deriva del testimonio del testigo protegido «Juan», quien afirma que los soldados estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como el presunto responsable de la desaparición de los normalistas.
Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando intentaban apoderarse de autobuses para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.
CONDENAN MEDIDA
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa CoVAJ condenó el cambio de medida cautelar dictada por la jueza segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
«Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos», señaló la Comisión en un comunicado.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, explicó que con esta determinación, “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.
“Estaremos atentos a que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos”, aseguró.
(Información de “Expansión Política”)
