Soledad Jarquín Edgar*/SemMéxico
Las encuestas oficiales no la reflejan aún. Un dato obtenido en la página del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria señala que entre 2021 y 2022 esta violencia cruel tuvo un incremento de casi 170 por ciento. ¿Cuál es el pronóstico para el 2023? Sí, estamos de acuerdo, seguramente se ha multiplicado.
A pesar de ello, este 16 de enero la Cámara de Diputados federal dio un paso más, al fortalecer el marco normativo para prevenir y sancionar eficazmente la violencia vicaria, al reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de los códigos Civil Federal y el Penal Federal, en materia de violencia a través de interpósita persona o violencia vicaria.
La violencia vicaria son todas aquellas acciones o agresiones, violencia que un hombre ejerce contra una mujer, utilizando a sus hijas e hijos para dañarla: amenazas, retención o sustracción; utilizar a hijas y/o hijos para obtener información respecto de la madre, promover, incitar o fomentar actos de violencia física de hijas y/o hijos en contra de la madre, así como incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna afectando el vínculo materno filial.
Además, ocultar, retener o sustraer a hijas y/o hijos, además de familiares o personas allegadas, “interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes, en contra de las mujeres para obtener la guarda y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas y/o hijos en común”, y condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijas e hijos.
En los últimos años he conocido algunos de muchos casos de violencia vicaria, donde está claro, hay “complicidad” de algunos abogados y abogadas, así como de juezas y jueces dispuestos a torcer la ley, aunque el gremio de los (des)impartidores de justicia le llamen: interpretaciones de la ley. Lo que ya sabemos: la ley es ajustable a la oferta y la demanda. Por fortuna todavía hay buenos, eficientes y honestos profesionales del derecho, así como servidores públicos, aunque a la mayoría se les olvide ese principio.
Uno de esos casos que en Oaxaca empieza a tener notoriedad es el de Elena Marini, fotógrafa italiana, contra quien se interpusieron “acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes… para obtener la guarda y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas y/o hijos en común”, tal y como dice la ley federal
Marini, de buena fe, permitió la convivencia de la niña con quien llamaremos “padre biológico”, porque no reconoció a su hija, incluso puso en duda la paternidad durante la gestación. Y fue ese “padre biológico”, alejado de la manutención y educación de la niña, hoy de 10 años de edad, quien hace casi seis meses interpuso una denuncia por violencia de la madre contra la niña, su objetivo… hacer daño a la madre y de paso quitarle a la niña.
Solo que le falló el cálculo. Porque la niña está por cumplir seis meses en un albergue del DIF en la ciudad de Oaxaca, porque una Ministerio Público dictó medidas de protección a favor de la niña, el “Estado” se hizo responsable de ella. El interés superior de la infancia, que hoy se ha convertido en el peor enemigo de la menor, quien, dentro del albergue ha sufrido además de los daños sicológicos y emocionales que le implican no estar con su mamá, agresiones físicas de compañeras y un hecho más grave aún que me reservo.
Pese a que no se acreditó la supuesta agresión, como lo estableció un examen médico realizado a la menor el día en que empezó todo en agosto pasado, Marini fue llevada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde una agente de policía la amenazó y le advirtió que debía darle la “custodia” de la niña al padre biológico o iba a quedar detenida. Hecho al que no prestó mayor atención, considerando que ella sabía que no había agredido a la menor y considerando que ella misma había llamado al 911 luego de que su hija rompiera un vidrio, lo que ponía en riesgo su integridad. Llegaron dos patrullas. La primera dijo que en realidad no sucedía nada y la segunda, luego de hablar con el padre biológico que ya se encontraba en el lugar, las subió a la patrulla y se las llevó.
Hoy la niña tiene más de 150 días “retenida” en un lugar donde no se garantiza su “desarrollo integral y una vida digna” como plantea el principio “del interés superior del niño o niña”, el mismo periodo de tiempo que ha servido al padre biológico para emprender acciones de reconocimiento de paternidad y lo que pueda hacer más adelante, como la custodia legal, así como la prohibición de la madre para que la menor pueda salir del país, para lo cual le retiraron su pasaporte. ¡Imagínese! Además de la supuesta agresión, en estos meses el padre biológico ha interpuesto siete, sí siete demandas en contra de Elena Marini. Justo, se llama violencia vicaria.
Violencia vicaria ejercida en contra de dos ciudadanas italianas –madre e hija-. Mucho tendrá que hacer en adelante el gobierno italiano que hoy, inexplicablemente, sigue al margen del problema. Un problema que sin duda, ya atañe a la comunidad europea.
- Periodista y feminista. Premio Nacional de Periodismo.
