Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 22 de enero de 2024.- Cuna de la iniciativa por la transparencia en el país, ahora en Oaxaca la rendición de cuentas está desdeñada y, al parecer, sigue la ruta de la “transformación” dictada por López Obrador: la extinción de organismos incómodos.
A nivel nacional, el Presidente de México impulsa nuevas reformas constitucionales para, de una vez por todas, Desaparecer diversos órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, ya de por sí vilipendiado desde hace varios años.
El argumento: que son onerosos, que no sirven para nada, que no es necesaria la rendición de cuentas ni otras veleidades; que no representan votos, ingresos o mecanismos coptadores de simpatías.
A nivel estatal, a partir de la nueva administración, que encabeza desde hace 14 meses Salomón Jara Cruz, del Partido Morena, tampoco se ve mucho interés en fortalecer el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública; mucho menos de los responsables de este ente.
¿Y alguien sabe si ha sesionado el comité coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción conformado por diversas instituciones del Gobierno del Estado de Oaxaca?
LA GÉNESIS
Fue precisamente en esta entidad en que surgieron las propuestas para primera ley de transparencia en México.
El 23 y 24 de mayo de 2001, un grupo de intelectuales, la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Información y Democracia, el diario “El Universal”, asociaciones de periodistas, entre otros, convocaron en Oaxaca a un debate acerca de la transparencia.
Bajo el foro “Derecho a la información y reforma democrática”, analizaron la necesidad de transparentar las acciones de gobierno y el formalizar el derecho de la sociedad a la información.
Así nació el llamado “Grupo Oaxaca”, que después promovió a nivel nacional reformas constitucionales, que se concretaron en diciembre de 2001, con la iniciativa de Ley Federal de Acceso a la Información Pública, aprobado finalmente en abril de 2002, tras intensas discusiones.
Por cierto, en la comisión técnica del “Grupo Oaxaca” estuvo el periodista Jenaro Villamil, hoy furibundo defensor y aplaudidor de todo lo que emprenda López Obrador, así sea contrario a la democracia.
En nuestra entidad, a pesar de ser cuna de dichas reformas, no fue sino hasta después de la revuelta de 2006 en que se comenzaron a tocar estos temas, tras lo cual vendría la ley estatal en materia de transparencia y derecho a la información.
APUESTA CUATROTEÍSTA
Desde hace varios años, de este sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyado por el Legislativo, ha mantenido una andanada contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
La más fuerte comenzó desde abril de 2022, en que el Senado se demoró en exceso el nombramiento de un comisionado, lo que originó un acumulamiento enorme de solicitudes de información, que a su vez impactaron en la labor de investigadores y periodistas, que dan cuenta de los probables casos de corrupción en las instituciones públicas.
El 1 de marzo de 2023, la Cámara alta concretó esta designación; sin embargo, 15 días después, el Presidente de la República hizo uso de sus facultades constitucionales y objetó ambos nombramientos
“Tras el conflicto que se vivió ayer en el Senado por el nombramiento de un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a legisladores de Morena desaparecer el organismo autónomo y que sea la Auditoria Superior de la Federación (ASF) quien asuma las funciones de transparencia”, reseñó el sitio de diario “El País”, el 23 de abril de 2023.
“Nosotros sostenemos que ese instituto de la transparencia no sirve para nada. Lo crearon para simular que se combatía la corrupción cuando nunca hicieron nada para combatir la corrupción. ¿Cuándo ha habido más corrupción en México?”, señaló entonces el mandatario federal.
“Que el Estado mexicano cuente con el INAI responde a un sistema de equilibrios en el ejercicio del poder público para que en todo momento se preserve la democracia y los derechos humanos fundamentales. Estemos alerta para que no perdamos lo que, como sociedad, nos ha costado generaciones construir”, advirtió hace varios meses Julieta del Río Venegas, comisionada de dicho órgano.
Pero de nada han valido las quejas, pues recientemente el Presidente de México ha anunciado que enviará una reforma constitucional para desaparecer organismos autónomos en México, como el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Así que, la dinámica sigue igual.
¿OAXACA CÓMO VAMOS?
Fue en el sexenio de Ulises Ruiz en que, tras la revuelta de la APPO y la Sección 22 del SNTE, a nivel federal se le obligó a promover una serie de reformas constitucionales para promover una mayor democracia y transparencia.
Así nació el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuyo primer presidente fue Genaro Vásquez Colmenares. Funcionó relativamente bien, pues sin mayores dificultades los ciudadanos podían solicitar datos a las instituciones públicas y obtener la información requerida.
Tras ello hubo algunas reformas a la ley referida, para obligar a las instituciones del Estado a divulgar en sus respectivos portales electrónicos la información necesaria para transparentar sus actos.
Posteriormente se creó un Comité de Participación Ciudadana y luego el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Fue el 1 de junio de 2021, a propuesta de legisladores de Morena, en que se reformó la Ley de Transparencia en Oaxaca para desaparecer el Instituto de Acceso a la Información Pública y crear el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales (OGAIPO).
El 4 de septiembre de ese año reformó la norma de este último órgano; el 11 de noviembre se conformó también a sus nuevos integrantes, Xóchitl Elizabeth Méndez, José Luis Echeverría Morales Claudia Ivette Soto Pineda, Josué Solana Salmorán y María Tanivet Ramos Reyes.
En tanto, el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, integrado por el Poder Judicial, el OGAIPO, la Auditoría del Estado de Oaxaca, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de Honestidad (antes Contraloría) y la Fiscalía Anticorrupción.
Pero desde hace meses no ha sesionado y lo último que se sabe de dicha instancia es el 15 de agosto del año pasado, en que en breves líneas se dio a conocer su tercera sesión del año.
En abril de 2023 difundió: El Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, ha tenido a bien aprobar por unanimidad de votos, el
“Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción aprueba la modificación de la política pública estatal de combate a la corrupción respecto a su alineación con la estrategia nacional y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”.
Lo cierto es que en el sexenio de Alejandro Murat y en los últimos meses, el que la sociedad pueda acceder a la información ha sido más complicada; peor aún disponer de las resoluciones que emite el OGAIPO, en que se dan a conocer las informaciones que dan las instituciones.
De los partidos políticos y órganos autónomos, también obligados a transparentar sus acciones, nada se sabe; simplemente nadie los obliga a la rendición de cuentas.
De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, poco se sabe, más que los escándalos en que está envuelto por acusaciones hacia diversos integrantes, entre ellos José Esteban Bolaños Guzmán, allegado a José Murat y familiar del senador verde Raúl Bolaños.
Por lo pronto, lo que ha prendido las alarmas —y parece ser que bajo los mismos pasos de la “Cuarta Transformación”—, es que hace una semana, Reyna Santillán culminó su cargo como presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
En ese entonces, advirtió que quedan dos integrantes de cinco que deben ser, para sesionar y acordar, pues a la fecha la 65 Legislatura, que ahora preside el morenista Sergio López Sánchez, no ha conformado el comité de selección, para emitir la convocatoria correspondiente y designar a los miembros restantes.
Si bien hasta el momento el mandatario Salomón Jara no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a la extinción de este órgano, sí ha habido parálisis en materia de transparencia.
Y quizá sea el primer paso para una nueva reforma legislativa, primero para adelgazar el aparato burocrático con onerosos sueldos y después… posiblemente extinguirla.
