Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 24 de enero de 2024.- Después de tres años del asesinato del defensor comunitario Fidel Heras Cruz, no hay avances en las carpetas de investigación.
“Han pasado tres años y son tres fiscales quienes han tenido esta investigación en sus manos: Rubén Vasconcelos Méndez, Arturo Peimbert Calvo y Bernardo Rodríguez Alamilla.
“Ninguno ha hecho nada por esclarecer el crimen, a pesar de que dos de ellos, Arturo y Bernardo, también estuvieron al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Hasta la fecha este crimen permanece impune”, dio a conocer la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
Fidel fue asesinado a balazos el 23 de enero del año 2021 a la altura de la entrada de la comunidad La Esperanza del municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.
Destacó que estaba comprometido activamente con la defensa del territorio y el río “Verde”. Este río atraviesa el ejido Paso de la Reyna, de su cauce una empresa privada extrae arena y grava sin permisos oficiales.
“Es muy probable que la defensa que Fidel hizo de este río haya sido el móvil del crimen, pues personas de la comunidad aseguraron que Fidel Heras había recibido amenazas dos días antes de su muerte, pero que prefirió no hacerlo público” indicó la asociación.
Fidel Heras Cruz se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y como defensor comunitario del río “Verde”. Era campesino. Había estado trabajando alrededor de 15 años en Estados Unidos y regresó junto con su familia a dedicarse al campo.
“Pudo haberse quedado en casa, cultivando su milpa y llevando una vida tranquila, sin riesgos. Pero cuando su comunidad necesitó de su ayuda para defender el territorio y el medio ambiente, se colocó en la primera línea hasta que, 14 años después, lo mataron”.
Como consecuencia del asesinato de Fidel, y de los defensores Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, Jaime Jiménez Ruiz y Filogonio Martínez Merino, varios activistas y sus familias tuvieron que emigrar a Estados Unidos y otros lugares del país ante la falta de procuración de justicia y ante el incumplimiento de las medidas cautelares colectivas otorgadas para la comunidad de Paso de la Reyna, indicó Educa a través de un comunicado.
