Néstor Y. Sánchez Islas.
Oaxaca es una tierra que no se caracteriza precisamente vivir dentro del estado de derecho. El Mercado de Abasto es un ejemplo de ello y es, además, el desastre del desastre de ciudad que tenemos.
Al tradicional riesgo de ser asaltado en esa zona refugio de toda clase de vicios hay que sumar la ineptitud del ayuntamiento, del gobierno del estado y del federal. Los tres son responsables de esa bomba de tiempo.
El ayuntamiento no puede con ese desastre, solo se dedica a mal administrarlo. En ese sitio confluyen demasiados intereses como para que una institución que se hace la valiente frente al ciudadano común pero que resulta tan débil frente a grupos e intereses facciosos no tiene ni el deseo, ni la capacidad y menos el poder para ordenarlo.
Desde el gobierno estatal tampoco deben desentenderse, mucho menos porque son herederos y continuadores de lo que fue el sexenio de Gabino Cué. El proyecto del City Bus se convirtió en uno de los fraudes más descarados que se han cometido. La millonaria obra y sus paradores, de espantoso diseño arquitectónico quedaron como un refugio de vagos, drogadictos y migrantes. Se pretendió un proyecto de vanguardia y solo quedó en un desperdicio de dinero.
El gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dirigida por Román Meyer Falcón, decidió hacer una remodelación de una pequeña parte del mercado, la que menos lo necesitaba y en la que tienen sus expendios algunos poderosos empresarios que podrían tener los recursos propios para construirse sus locales.
Se anunció con bombo y platillo y se prometió concluirlo en un año. La obra inició en enero de 2023 y, a la fecha de hoy, apenas llega al 30% de avance. Este desastre tiene varios padres: líderes de comerciantes, sindicatos, crimen organizado y la mala planeación desde el gobierno.
Este proyecto mal ejecutado ha provocado una crisis social en la zona. La inconformidad es notoria y la molestia aún más por el impacto económico que ha tenido, por la dilación de las obras, por la aparición de líderes oportunistas que, en nombre de los mercaderes obtienen dinero para no movilizarse y protestar, por la incomodidad provocada por la construcción, la enorme cantidad polvo y por las condiciones en que están quienes no pudieron, como la empresa chocolatera más grande Oaxaca, construirse un buen edificio. Ellos están expuestos al sol, no hay agua y tampoco sanitarios. Es una zona de alto riesgo para la salud. La inconformidad es real y temen un incendio que arrase las casetas de lámina y madera que, de forma provisional se levantaron para albergar a los comerciantes desalojados por la remodelación.
El crimen organizado está presente desde hace mucho y no solo a través de la venta de droga sino a través de sus brazos políticos y sociales, como lo son los sindicatos, los transportistas y los ambulantes. Esa zona es una parte de la ciudad que el Estado no controla, por omisión o complicidad, pero que junto a otras colonias y zonas conurbadas son territorios de las mafias.
Además del peso económico del mercado, esa zona tiene una importante función en la creación cotidiana de nuestra cultura, misma que como mercancía, se ofrecerá a los turistas con la mal planeada remodelación en curso. Ese es uno de los fines, convertir el mercado en atractivo turístico, lo que tiene sus cosas positivas, pero también otras muy negativas, como será la gentrificación y gourmetización de toda esa zona, igual que el centro histórico.
JUSTICIA DE BARRIO
Gracias a la invitación del Dr. Martín VásquezVillanueva tuve la oportunidad de escuchar la magnífica conferencia “Justicia de barrio: una mirada al conflicto desde el ras de tierra”, impartida por la Dra. Ana Laura Magaloni, una de las académicas más prestigiadas de este país.
El tema es de gran trascendencia porque se trata de algo que pedimos todos los días: justicia. Misma que el propio sistema actual hace inaccesible al grueso de la población y termina siendo lo que ya conocemos: solo hay justicia para quien tiene los recursos para contratar abogados, entablar demandas y aguantar años de dilación en el intrincado sistema de justicia mexicano.
Su investigación parte de buscar la forma en que los mexicanos nos peleamos y, partiendo de ahí y de una forma más inductiva que deductiva, propone soluciones que podrían dar acceso a la justicia a quienes difícilmente acudirían a un ministerio público en busca de ayuda. Se trata de corregir muchos vicios que inician desde la impartición de la justicia en el ámbito de lo local, que es en donde más carencias se tienen en materia de justicia en México.
Lo que ella propone es una transformación del sistema de justicia en favor de la gente que vive a ras de tierra, poner la mirada y atención en los barrios, zonas conflictivas y hacinadas en las que la presencia del Estado es casi nula y en donde muchas veces lo que funciona solo es la ley de la selva.
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