Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 1 de febrero de 2024.- La diputada local Mariana Benítez Tiburcio, propuso una reforma al Código Penal del Estado de Oaxaca a fin de establecer la obligación para que los agresores de delitos de violencia de género participen en servicios reeducativos, integrales, especializados y gratuitos para la reestructuración cognitiva de su pensamiento sobre la violencia contra las mujeres.
De igual manera, la legisladora sostuvo que esta reforma servirá como criterio para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, adicionando una fracción a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.
“Con esta propuesta legislativa nos aseguramos de que quien es liberado de prisión y regresa a la sociedad haya cambiado, haya aprendido, y ya no represente un peligro para las mujeres y esté listo para contribuir positivamente a nuestra sociedad”, destacó la congresista.
En este contexto, la diputada local expuso que en 2023 se registraron 38 carpetas de investigación por el delito de feminicidios, 1,728 por delitos contra la libertad y la seguridad sexual y 7,889 delitos contra la familia, mismos registros que corresponden al 23% del total de carpetas de investigación.
Señaló que durante 2021 el porcentaje de población que fue sentenciada por algún delito de forma previa fue de 11.7%, lo que se traduce en más de la mitad del promedio nacional de reincidencia delictiva que fue del 20.5%.
“No se trata de ser más indulgentes con los delitos de violencia de género; se trata de ser más efectivos en prevenir su recurrencia y en curar las heridas de nuestra sociedad. Por eso propongo una visión que va más allá del castigo: la reeducación y la reinserción social de quienes han cometido estos delitos”, agregó.
La diputada Mariana Benítez sostuvo que es necesario implementar programas especializados dentro y fuera de los sistemas penitenciarios que aborden las causas subyacentes de la violencia de género y para lograrlo no basta con cualquier modelo terapéutico, sino que se requiere además que sea un modelo con perspectiva de género.
“Es necesario que como legisladoras y legisladores impulsemos una nueva visión para que las personas que son condenadas por delitos de violencia de género contra las mujeres formen parte de una reestructuración cognitiva para cambiar los patrones, estereotipos machistas, sexistas y misóginos”, finalizó.
