Redacción/SemMéxico
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2024.- Las más de 40 colectivas de víctimas de desaparecidas y desaparecidos hacen responsable al presidente Andrés Manuel López Obrador del asesinato en Tecate, Baja California de Angela Meraz León y del secuestro y desaparición de Lorenza Cano Flores, sin que se tenga noticias de ella.
Le piden den protección también en Tijuana a J. Barbara Martínez quien ha recibido amenazas y ya se pidió protección al Mecanismo de Protección a defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
A la comunidad internacional y organismos de Derechos Humanos hacen un llamado de auxilio para que intervengan en acciones que obliguen al gobierno a implementar medidas de seguridad a la sociedad y principalmente a las víctimas, para que se detengan asesinatos, masacres y violaciones constantes y sistemáticas de los derechos humanos de la población mexicana y extranjera.
Señalan en la carta pública que el gobierno no brindó la seguridad necesaria para Angela Meraz León quien denunció las amenazas de que fue objeto. Señalan que las y los familiares están expuestos a esta violencia ante la omisión de las autoridades.
Hacen responsable al Ejecutivo “por mostrar desinterés, ser omiso, no darnos la protección e importancia al tema, por su apatía, sus actitudes alentando al crimen organizado a ejercer dichos asesinatos, pues no pasa cada que matan, secuestran y desaparecen a algún familiar que está expuesto por la actividad de buscarlos”.
“Si fue capaz de reducir una cifra de nuestras y nuestros desaparecidos, lo creemos capaz de no aceptar que el asesinato de esta compañera Angela Meraz, tiene alguna relación con lo sucedido a esa familia, pues eso, para usted sería descalificar su gobierno, que sólo le interesa simular y decir que ya redujo la violencia”.
Agregan que “buscar para encontrar a un ser querido, verdad y justicia, debería de ser una prioridad de protección a la integridad física por dicha actividad, sin embargo, prefieren proteger a los victimarios o la ineptitud de los funcionarios, como lo es el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, fiscalías, sin mencionar la poca capacidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el Subsecretario de Derechos Humanos que al igual que al anterior, puro protagonismo y nada de atención, que llevan a cabo una política de simulación”.
Le reclaman que él vive en un Palacio blindado mientras la población está a merced de la delincuencia. Le exigen seguridad y protección para todas las víctimas del país.
Cómo se recordará la activista conocida como Angelita Meraz quien se uniera a la colectiva de búsqueda Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos cuando desapareció su hermano Juan José Vázquez en 2018, fue asesinada el pasado 8 de febrero en su Salón de Belleza en Tecate por un hombre que le disparó y escapo.
Sigue desaparecida Lorenza Cano Flores madre buscadora plagiada en Salamanca Guanajuato por hombres armados que ingresaron a su casa y asesinaron a su esposo e hijo. Buscaba desde el 2018 a José Francisco Cano Flores, su hermano, desaparecido desde el 17 de agosto.
El 22 de enero pasado, el fiscal de la Región B, Israel Aguado Silva, informó que arrestaron a José Adrián, el “Adri”; y a José Iván, el “Güero Pericles”, como los presuntos secuestradores de la buscadora y del homicidio de su esposo e hijo. El 29 de enero fueron liberados y ella sigue desaparecida.
La encargada del colectivo de búsqueda Buscando a Tolano, Bárbara Martínez, ha recibido amenazas contra su vida desde el pasado 4 de febrero tras la localización de 11 cuerpos en el fraccionamiento Delicias tercera sección en Tijuana.
La han amenazado y le dan entender la intención de desaparecerla como a sus dos hijos, César Ezequiel Rico de la Cerda, desaparecido desde 2018 en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado segunda sección, y Esteban Uriel Rico de la Cerda, desaparecido desde 2020, según la activista, por mano de Policías Municipales de Tijuana.
